Chiriboga Zambrano destacó que el Proyecto tiene como objetivo constituir un espacio jurídico para la región, donde se procesen los delitos del crimen organizado transnacional.
Entre estos delitos están la trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, lavado de activos, tráfico de drogas, soborno, sicariato, delitos cibernéticos como el fraude informático y pornografía infantil, y otros.
La Corte Penal para Unasur no intervendrá en las acciones de la Corte Penal Internacional ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se prevé que esta Corte esté integrada por 12 magistrados, que serían elegidos por los Estados. También habría una Fiscalía regional, para la representación en la investigación de casos.
Galo Chiriboga se refirió a la necesidad de contar con una Corte Penal para Unasur, puesto que “la Asistencia Penal Internacional ha ayudado pero no es suficiente para investigar los delitos transnacionales”.
Destacó que en el país se ha logrado sentencias condenatorias en contra de integrantes locales de redes delictivas, sin embargo no se ha podido judicializar a la cúpula o cabecillas por estar en el extranjero.
El fiscal General dijo que la Corte Penal es una iniciativa de Ecuador y que se ha trabajado en rees con representantes del sector justicia de varios países desde el 2012.
El 15 de septiembre del 2016, ante representantes de la Unasur, Galo Chiriboga entregó el proyecto al Ejecutivo, para que sea debatido en el nivel político y diplomático de los países integrantes.
El acto de presentación se desarrolló la noche del martes 8 de noviembre en el Auditorio de Posgrados de la Universidad del Azuay.
Convenio académico
Con la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional, la Fiscalía General del Estado y la Universidad del Azuay se comprometieron a impulsar la investigación científica, trabajar en el desarrollo de la capacitación y formación continua, y a intercambiar información académica.
Este documento fue firmado por el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, y el rector de la Universidad del Azuay, Carlos Cordero, la tarde del martes 8 de noviembre, en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de esta institución académica.
Galo Chiriboga dijo que con la firma de convenios la Fiscalía se enriquece con el trabajo de las universidades, al referirse a los resultados obtenidos como la realización de varias publicaciones académicas con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
El Fiscal General también resaltó el trabajo de traducción de lenguas que se realizó con la Universidad Politécnica Estatal de Carchi y que aportó en la investigación de casos.
De su parte Carlos Cordero destacó la importancia en la formación académica de los estudiantes al hacer las prácticas pre profesionales en las instalaciones de la Fiscalía, como en el Centro de Investigación de Ciencias Forenses de Cuenca (CICF).
Con este convenio las dos instituciones realizarán eventos conjuntos de capacitación nacionales e internacionales, y se facilitarán profesionales para que participen en calidad de docentes.
Además, la Fiscalía y la Universidad compartirán experiencias, recursos biblográficos, bibliotecas digitales y espacios y equipos necesarios para los eventos académicos.
Teodoro Barros, director de la Escuela de Fiscales informó que desde el 2012 la Fiscalía ha firmado otros 15 convenios con universidades del país, entre estas la Central del Ecuador, Técnica de Ambato, Nacional de Loja, Luis Vargas Torres, Católica de Cuenca y Técnica de Machala.
