Temer es el primer jefe del Estado de Brasil en ser denunciado penalmente durante el ejercicio del mandato, por un delito cometido en su gestión. Esto en virtud de la grabación secreta de una conversación sobre sobornos con empresario Joesley Batista, del frigofíco JBS, un corruptor confeso y libre por colaborar con la Justicia.
Janot denunció a Temer por ser partícipe del pago de sobornos. El Mandatario habría recibido unos 150.000 dólares, a través del exdiputado y exasesor presidencial Rodrigo Rocha Loures.
«Temer y Rodrigo Rocha Loures, además de recibir el dinero, en comunión y unidad de designios, con libre voluntad y consciente, aún aceptaron la promesa de ventaja indebida en valor de 38 millones de reales (unos 12 millones de dólares)», dijo Janot. La acusación indica que Loures le pidió al grupo JBS pagar por 30 años una suerte de jubilación para él y para Temer.
La denuncia debe ser recibida por el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, que la deberá enviar a la Cámara de Diputados. Como se trata del presidente, una denuncia penal en el ejercicio del mandato debe definirse por una votación en la Cámara de Diputados, donde Temer y sus aliados tienen mayoría.
Para que la autorización para iniciar el juicio penal en la Corte Suprema sea aprobada, debe ser votada por dos tercios de la Cámara de Diputados (342 parlamentarios). Si la denuncia es aceptada, Temer se convertirá en procesado, pero la denuncia será archivada en caso de que la Cámara de Diputados blinde al presidente.
Temer fue grabado clandestinamente en el Palacio del Jaburú, su residencia oficial, el 7 de marzo pasado por Joesley Batista, quien en un momento le cuenta que le paga al preso diputado Eduardo Cunha un soborno mensual para comprarle el silencio. «Hay que mantener eso», se escucha en la grabación a Temer, quien explica que se trató de una trampa del empresario delator y colaborador de la Procuraduría General de la República.
Horas antes, Temer había desafiado en el Palacio del Planalto, durante un acto: «No nos destruirán, ni a mí ni a mis ministros».
La denuncia puede llegar a reconfigurar el escenario político entre los aliados: incluso llega luego de que el principal socio del gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), está dividido frente a la situación de Temer.
Temer asumió el 12 de mayo pasado cuando comenzó el juicio político que finalmente destituyó por alteraciones presupuestarias a la mandataria Dilma Rousseff.
Por su parte, el líder de la oposición en el Senado, Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores (PT), declaró: «Esto agrava más la situación de aislamiento de Temer. El fiscal presentará otras dos denuncias más y habrá tres votaciones. Es algo que debe llevar a este gobierno a terminar lo más rápidamente posible».
«Es la primera denuncia en la historia contra un presidente en ejercicio del cargo. Será un escarnio si los diputados no permiten que Temer sea procesado por el Supremo Tribunal Federal. Será un ataque a la Constitución y a la ciudadanía brasileña», dijo Randolfe Rodrigues, líder del partido Rede, de la excandidata presidencial Marina Silva.
Poco antes de la denuncia formal del fiscal Janot contra Temer, la Policía Federal denunció que el gobernante intentó «obstaculizar investigaciones» y «dejó de comunicar a las autoridades» maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento.
Los directivos de la empresa cárnica JBS, el mayor frigorífico del mundo, confesaron que sobornan a Temer y a su partido desde 2010.
En caso de que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.
En caso de renuncia, el país quedará a cargo del número 2 del país, Maia, quien debe convocar a elecciones indirectas vía el Congreso para elegir un nuevo gobernante. La otra salida que busca la oposición es hacer una enmienda constitucional que permita anticipar elecciones generales.
El próximo viernes habrá una huelga convocada por sindicatos que se oponen a los dos proyectos de reformas de ajuste económico, como la flexibiliización laboral y el cambio del régimen jubilatorio.
