Las solicitudes fueron remitidas al Supremo por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, cuyo despacho explicó que, de esas 320 investigaciones que pretende realizar, 83 se refieren a casos que implican a políticos amparados por fueros, lo cual sugiere que se trata de ministros o parlamentarios.
Portavoces del Supremo explicaron que el número de pedidos no es necesariamente igual a la cantidad de políticos salpicados, ya que cada investigación pudiera referirse a una o a varias personas.
Las 237 indagaciones restantes, según la Fiscalía, deberían ser remitidas a tribunales de primera instancia o a otros foros, de lo que se deduce que se trata de políticos sin mandato, de gobernadores o alcaldes, que no son juzgados por el Supremo, o personas ajenas a la actividad política.
La voluminosa información recoge 950 declaraciones dadas por 77 exdirectivos de Odebrecht en el marco de un acuerdo de cooperación judicial y ahora será analizada por Luiz Edson Fachin, magistrado que actúa como instructor del caso en la Corte Suprema.
Fachin también decidirá si autoriza las investigaciones y también cuándo y en qué dosis esa información será hecha pública, ya que por el momento permanecerá bajo un estricto secreto procesal, que desde hace semanas mantiene en una tensión extrema a prácticamente toda la clase política brasileña.
Según informaciones obtenidas por medios locales sobre esos testimonios, que no han sido confirmadas ni negadas por la Justicia, los políticos que se beneficiaron de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras pueden superar el centenar y pertenecen a cerca de una decena de partidos.
Entre ellos figurarían al menos dos de los más cercanos ministros del presidente del país, Michel Temer, a quien el escándalo también pudiera salpicar directa o tangencialmente, ya que él mismo ya ha reconocido que negoció donaciones para campañas electorales con el grupo Odebrecht, aunque sostiene que «todo dentro de la legalidad».
La situación parece más comprometida para el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, una suerte de «mano derecha» de Temer, quien habría negociado con Odebrecht una financiación ilegal para campañas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio mandatario.
Padilha estuvo de licencia médica durante veinte días debido a una operación para la retirada de la próstata y se reintegró a sus labores este lunes, sin hacer comentarios públicos sobre el asunto.
Entre otros posibles sospechosos estaría, según la prensa local, el nuevo canciller, Aloysio Nunes, quien asumió el cargo la semana pasada en lugar de José Serra y como él pertenece al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que también estaría en lo que se conoce como «la lista de Janot», en alusión al procurador.
La información dada por los exdirectivos de Odebrecht pudiera complicar aún más la situación judicial del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ya responde como reo en cinco causas penales, cuatro de ellas asociadas directamente a las corruptelas en Petrobras.
Asimismo, se asegura que salpicará a por lo menos una decena de los 27 gobernadores que tiene el país, lo que le dará dimensiones de auténtico terremoto político a la decisión que el magistrado Fachin deberá tomar en relación a la solicitud de la Fiscalía.
De hecho, en círculos políticos de Brasilia, se asegura desde hace meses que el procurador Janot había anticipado a sus allegados que la investigación sobre los testimonios de Odebrecht supondrían «el comienzo del fin del mundo» en la política brasileña.
