Desde hoy lunes se instalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para escuchar el dictamen fiscal respecto a un caso que se inició el 5 de junio pasado contra seis personas, entre las que estaba el entonces asambleísta por Manabí Daniel Mendoza, y el hasta ese momento director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo.
Un mes después, al caso se le sumaron 30 días de instrucción fiscal -pasó de 90 a 120 días- y se vinculó al asambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero; al subdirector técnico del Secob, Jorge Jalil; al exasesor de Mendoza, Jean Benavides, y a diez personas más que semanas antes se les había iniciado un proceso penal por lavado de activos en Manabí, que también tiene que ver con dineros que se movieron del proyecto para el hospital de 30 camas en Pedernales y terminaron, según versiones y testimonios, beneficiando a particulares e incluso legisladores a cambio de votos en la Asamblea.
En este caso existen 15 procesados con prisión preventiva, entre ellos Mendoza que está en la Cárcel 4, en Quito; dos con medidas alternativas de arresto domiciliario por la edad y situación médica como, por ejemplo, el exdirector Tamayo; mientras que dos tienen la calidad de prófugos de la justicia: los ahora exlegislador Azuero y exsubsecretario Jalil.
En esta fase del proceso se deberá dar respuesta al pedido de procedimiento abreviado hecho a la Fiscalía por René Tamayo, que en su testimonio anticipado, dado en octubre pasado, dijo que no se ha «beneficiado de un solo centavo» y no ha sido parte de este «esquema de corrupción». Mendoza, en su testimonio anticipado, de Tamayo indicó que él fue colocado en el Secob por Eliseo Azuero, así como también lo fue Jalil.
Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob que aprobó la propuesta del Consorcio Pedernales-Manabí, es otra procesada que solicita un procedimiento abreviado, una vez cumple el requisito de que la pena máxima del delito de delincuencia organizada del que se le acusa no excede los diez años y consentirá la admisión del hecho que se le atribuye.
El representante del Consorcio Pedernales-Manabí y procesado, José Véliz, en su testimonio anticipado nombró a Cobeña al recordar que cuando se le planteó que era el 12% del costo total de la obra de Pedernales lo que debía entregar como «comisión» para que le dieran el contrato del hospital, él dijo que era muy corto el tiempo para presentar su oferta cumpliendo los 1.500 rubros requeridos.
Ante la inquietud, Franklin Calderón, procesado conocido en esta causa con el alias de ‘Banquero’, le habría respondido a Véliz que le facilitaría «una ayuda memoria a través de una persona de entera confianza que tenía dentro de la Comisión Técnica de Calificación: Jennifer Cobeña». El pedido de diferimiento de esta audiencia hecho por Cobeña fue uno de los tres que rechazó el juez Rodríguez.
Por su parte, Calderón aseguró en su testimonio que Jalil y Véliz «fraguaron la adjudicación» del contrato para la construcción del hospital de Pedernales a partir de una coima del 12% del monto total de la obra de aproximadamente $ 16 millones: 3% iría para Mendoza, quien es parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, 3% para Jalil, $ 180.000 para Azuero.
En cambio Mendoza sostuvo en su testimonio anticipado y cinco versiones que fue su excolega de Asamblea, Azuero, quien recibía dineros de coimas de contratos en hospitales como el de Bahía de Caráquez o de Pedernales, y que esos montos eran repartidos con asambleístas que conformaban la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI).
El manabita refirió que solo ayudó a cambiar cheques en oficinas de BanEcuador en Manabí, a través de una persona que él recomendó su perfil, pues a partir de la pandemia se complicó la efectivización del dinero que debía ser entregado a Azuero o al «ahijado» de este Jorge Jalil.
El contratista Véliz señaló a Mendoza entre las personas con las que se repartiría el dinero del 12% que entregaría por la adjudicación de la obra y que el asambleísta era el que presionaba a Calderón para la entrega de dineros de estos acuerdos.
Para Jorge Luis Ortega, abogado de Jalil, en estos 120 días de instrucción fiscal se ha evidenciado que es una constante, al menos en el caso de su cliente, las contradicciones entre los testimonios anticipados y la evidencia recabada por la Fiscalía. Él dice tener los argumentos suficientes para refutar el dictamen acusatorio que casi está seguro llegará desde Fiscalía.
«Los testimonios anticipados caen en contradicciones y lo que buscan es beneficiarse cada uno de ellos echando responsabilidad a otros. En el caso de (Jorge) Jalil no hay prueba alguna que sustente esos dichos. Todo ha quedado en dichos y contradicciones que no pueden ser corroborados con ningún elemento recabado durante la fase de instrucción fiscal. (…) Esas versiones y testimonios no son verificables, comprobables o creíbles y a parte ninguna otra prueba da fe de aquello», señaló Ortega y adelantó que solicitará la exclusión de los testimonios anticipados.
Nota Original: El Universo – LINK
