Los procesados tienen prohibido salir del país y deberán presentarse periódicamente ante la Unidad Especializada que lleva la causa. También se les dictó la prohibición de enajenar bienes.
La investigación de la Fiscalía inició en base a un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, sobre un examen especial realizado a las etapas precontractual y contractual de una licitación de adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos oftalmológicos para las unidades médicas del IESS.
El fiscal del caso, José Eduardo Maldonado, manifestó al juez que el informe determina que al momento de evaluar la adjudicación, no se realizaron los estudios adecuados de las propuestas presentadas, ya que no se tomó en cuenta a una oferta más económica que también cumplía con los requisitos presentados por la entidad. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, el perjuicio económico al Estado asciende a $ 5’503.370.
El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y se sanciona con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
Fuente: El Telégrafo
