Esto ocurre luego de que a finales de marzo pasado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) saliente presentó el informe concluyente N° 145-2017. Lo envió a la Contraloría y a la Fiscalía para que establezca presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales.
En tres artículos y una disposición final, el informe de 33 páginas del exCPCCS dio por conocido y acogió parcialmente las recomendaciones del informe concluyente de investigación, iniciado para determinar presuntas ilegalidades cometidas por el Prefecto.
Esto, por celebrar contratos con el Estado mediante compañías donde sería accionista junto con sus familiares, en contra de expresas disposiciones legales. La denuncia inicial fue presentada por los juristas manabitas Francisco Bravo, Marcelo Farfán y el exlegislador Leonardo Viteri.
Mencionaron que el Prefecto de Manabí y su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, habrían incurrido, incluso, en el delito de perjurio, al entregar su declaración patrimonial jurada omitiendo sus acciones y cargos en el Consorcio Mardcomsa-Marzam, que mantiene contratos con el sector público.
Por ejemplo, un contrato data de 2012, suscrito entre la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y Marzam para el transporte multimodal (marítimo y terrestre, recepción, almacenamiento y despacho), para el abastecimiento de combustible fuel oil 6 y diésel para la Central Termoeléctrica Jaramijó, por $ 18,6 millones. Otro contrato da cuenta por la suma de $ 5,7 millones.
