La indagación fue abierta el 10 de abril pasado, con base al informe de Indicios de Responsabilidad Penal, sobre el endeudamiento público, entregado por la Contraloría General del Estado.
Este caso también se fundamenta en la declaratoria secreta y reservada de documentación relacionada con operaciones de endeudamiento, en la venta anticipada de petróleo y la expedición del Decreto Ejecutivo 1218, que cambió el cálculo para determinar la relación deuda / Producto Interno Bruto.
«Existirían irregularidades en el uso de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y otras instituciones relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017», señala la Fiscalía en el comunicado.
Añade que el expresidente de la República, tres exministros de Finanzas y 7 funcionarios públicos habrían actuado en virtud de la potestad estatal de los cargos que representaban e incumplido los requisitos previstos para la contratación de endeudamiento público una vez superado el límite, además de no registrar como deuda operaciones de preventa de petróleo.
Desde el 13 de abril, la Fiscalía recepta información a través de versiones y ha solicitado a las instituciones nombradas en el informe emitido por la Contraloría la documentación necesaria.
Fuente: El Telégrafo
