La fiscal Thania Moreno recaba elementos de convicción que le permitan definir si entre el jueves 29 y viernes 30 de noviembre pasados se paralizó un servicio público. En ese momento, tres uniones de taxistas de la capital anunciaron que sus agremiados paralizarían sus labores para exigir al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, termine el proceso de asignación de cupos para nuevos taxis, que erradique la informalidad y la ilegalidad de plataformas que prestan el servicio de taxis sin ningún tipo de autorización.
«El transporte en taxis no es un servicio público es un servicio de transporte comercial. Nosotros en ningún momento dijimos que vamos a paralizar el servicio público. (…) No cerramos vías, no obstaculizamos, pero sí hicimos caravanas. Lamentablemente eso pudo haber causado alguna molestia, pero en ningún momento nuestra intención fue paralizar un servicio público», explicó Brunis.
Moreno señaló que a Fedoti 1 llegó una denuncia y además la institución conoció del hecho que fue público. La fiscal dijo que se investigará si se dio una paralización de este tipo teniendo en cuenta que el transporte es un servicio público. En esta fase preprocesal se recogerán elementos que confirmen la existencia o no de este delito que tiene penas de uno a tres años de cárcel.
El abogado de Brunis, Rigoberto Ibarra, fue tajante en decir que en este caso no existió el delito de paralización de servicio público, ni se generó un caos. Para él lo que se dio fue una reunión de taxistas en protesta de la informalidad que existe en el este sector del transporte en la ciudad.
«Aquí no existiría ni siquiera una tentativa, pues oportunamente se llegó a un consenso de que no se de una paralización total», dijo Ibarra, al tiempo que adelantó que solicitarán a la Fiscalía se archive la causa.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
