“Estamos fortaleciendo un sistema de protección de derechos de la niñez y la adolescencia, para eso necesitamos verificar en una investigación fiscal si fue una decisión apegada a la ley o se debieron judicializar los mencionados delitos”, manifestó Sáenz. Ratificó el compromiso del Ministerio de Educación de «actuar en el ámbito de sus competencias contra autores, cómplices y encubridores de faltas contra la dignidad de los estudiantes».
En un comunicado, la Fiscalía indicó que empezará de manera inmediata el análisis de los motivos por los que las resoluciones fueron archivadas y en caso de que amerite, se reabrirán los expedientes de investigación.
El fiscal general Carlos Baca Macheno indicó que la institución que dirige «actuará con celeridad frente a esta denuncia para establecer si existen responsabilidades y en caso de determinarlas, estas deberán ser sancionadas con la máxima rigurosidad que el caso amerita, pero esencialmente garantizar la protección de las víctimas».
Fuente: El Telégrafo
