Según Felipe Rodríguez, abogado de Balda, el objetivo fue presionarla y ofrecerle protección de las Naciones Unidas y trasladarla a Europa, a cambio de que se retracte de su versión contra el exmandatario Rafael Correa. Lo primero que la Fiscalía hará es establecer qué tipo de delito se habría cometido, aunque se habla de falta de lealtad procesal.
“En caso de que exista el cometimiento de un presunto delito se iniciará una investigación, caso contrario, se tomarán otras medidas administrativas”, dijo el fiscal general (e), Paúl Pérez Reina.
Diego Chimbo, abogado de Diana F., saludó la decisión del Fiscal y recordó que tres días antes del hecho el presidente Correa en la red Twitter escribía: “Diana F. no tiene defensa y únicamente se la está utilizando para llegar a su vinculación”. Agregó que “sorpresivamente dos días después aparece la asambleísta del mismo movimiento en la cárcel, donde se encuentra Diana F.”.
A su vez, el Ministerio de Justicia, mediante un comunicado oficial, anunció que en caso de que la visita de la legisladora a la detenida no haya cumplido los protocolos y normas técnicas establecidas, tomará las acciones administrativas correspondientes contra los servidores públicos responsables.
La ministra del Interior, María Paula Romo, calificó como “muy grave”, el hecho de que la asambleísta Espín se haya reunido en la Cárcel 4 con Diana F. Espín aseguró este miércoles 26 de septiembre que no presionó a nadie, emplazó a sus críticos a que demuestren lo que se afirma, y dijo estar lista para defenderse de las acusaciones. (I)
Fuente: El Telégrafo