«Se presume que el investigado Alan Gabriel Ludwig García Pérez es el líder de la presunta organización criminal, cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos», dice la resolución de la fiscalía que reproduce el diario La República. La investigación transcurre bajo reserva.
Según el documento, el expresidente, que gobernó Perú en dos ocasiones de 1985 a 1990 y luego de 2006 a 2011, lideraba la supuesta organización compuesta por 31 personas y dividida en tres niveles. El primer nivel, el más importante y de mayor confianza -siempre según la fiscalía- habría estado conformado por la esposa de García, la argentina Pilar Nores, y cuatro exministros.
La fiscalía sospecha que desde 1991 Alan García «habría dispuesto se ejecuten los actos de lavado de activos originados en actividades criminales de cohecho contra la administración pública y otros, apoyado en una sólida organización delictiva que habría funcionado de manera regular y que estaba integrada permanentemente por los demás investigados y otras personas».
El expresidente cuestionó, por contradictoria, la decisión fiscal, así como el hecho de que su caso sea incluído en el marco de la ley de organización criminal. Su abogado anunció que presentará una acción de amparo para dejar sin efecto la decisión fiscal porque García ya fue investigado por enriquecimiento ilícito.
«Bienvenida será toda investigación, pero sin abusos ni violación de derechos», escribió García en una declaración que difundió en las redes sociales donde recordó que el fiscal del caso, José Antonio Castellanos, ya lo había exonerado de delitos en octubre de 2016 cuando determinó archivar una investigación por lavado activos.
Fuente: El Telégrafo
