Los dos funcionarios detallaron, en estos documentos, que el Comandante General de la Policía Fausto T., procesado en este caso, fue seleccionado de la terna enviada a la presidencia, tras verificar que cumplía con las normas establecidas en la ley y tenía facultades dentro de la Comisión General de Pases.
Esto contribuye a la tesis de la Fiscalía, que sustenta que la emisión de pases se habría realizado desde la Comandancia General de la Policía, cuando estaba a cargo Fausto T. Los traslados se entregaron de forma irregular y sin seguir las normas establecidas al interior de la Policía Nacional, pues una vez que presuntamente se compraba el pase, este estaba listo en 48 horas.
La audiencia de juicio se desarrolló por décimo día, ante los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, contra 15 policías y una civil, por presuntamente participar en la venta irregular de pases al interior de la institución policial.
La jueza Maritza Romero anunció la suspensión de la audiencia por pedido del procesado Alexis C., quien solicitó asesorarse con su abogado, antes de rendir su testimonio ante el Tribunal. Esta diligencia se reinstalará el próximo lunes 19 de septiembre, en el segundo piso de la Corte Nacional, a las 9:00.
Durante la audiencia, la Fiscalía concluyó con la presentación de la prueba testimonial, luego de receptar los testimonios de 33 personas y de reproducir tres testimonios anticipados.
También, la Fiscalía entregó como prueba documental 1.317 partes informativos de traslados efectuados en el 2014 y 2015, donde se detallarían la rapidez en la que fueron tramitados.
En la prueba documental se incluyó 87 informes de movimientos financieros de los procesados, de diferentes instituciones bancarias, en los que se detalla que habría incrementos injustificados en sus ingresos en varias cuentas.
Según la investigación de la Fiscalía, en los hechos ilícitos participaron quienes tenían la facilidad de manejar el sistema informático o de desbloquearlo con sus claves para que se realice la operación, a pesar de que los traslados de policías no cumplían con el reglamento.
La Fiscalía busca comprobar quiénes son los responsables de la conformación de una estructura delictiva dedicada a emitir, de manera irregular, los traslados en las diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional.
Entre octubre de 2014 y julio del 2015 presuntamente se negociaron alrededor de 1.317 pases y se habrían registrado movimientos financieros por más de seis millones de dólares.
Dato:
La Fiscalía acusó a los procesados por el delito de delincuencia organizada, sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con pena privativa de libertad de hasta 10 años.
