Con la disposición de varias diligencias, como la realización de una audiencia para analizar el contenido de celulares y un testimonio anticipado, concluyó formalmente este sábado, 7 de octubre, la etapa de instrucción fiscal en el caso del crimen del excandidato presidencial, exlegislador y periodista Fernando Villavicencio.
Villavicencio fue asesinado por sicarios el pasado 9 de agosto, a la salida de un mitin político en un colegio del norte de la capital, a once días de las elecciones de primera vuelta electoral.
Algunas de las pericias y recolección de versiones se ordenaron dentro de la fase de instrucción fiscal (a pocos días u horas del cierre), pero se realizarán fuera de los 60 días que prevé la ley, lo que no es ilegal.
Así, en una providencia emitida la noche de ese mismo 7 de octubre, la jueza de la Unidad Penal de Pichincha que lleva el caso aceptó el pedido de “actuación urgente” que hizo Fiscalía para que se examine, se extraiga, se fije y se materialice información contenida en la plataforma de WhatsApp de diez números celulares detallados, para recabar imágenes, videos y más información que pueda aportar a la investigación.
Y autorizó que se tome el testimonio anticipado de un ciudadano relacionado con el caso, diligencia que se desarrolló este domingo, 8 de octubre, en la llamada cámara de Gesell, que está ubicada en las instalaciones del Complejo Judicial Norte de Pichincha.
La cámara de Gesell es un espacio de dos habitaciones con una pared divisoria en la que hay un vidrio que permite ver desde una de ellas lo que ocurre en la otra –donde se realiza la entrevista o interrogatorio-, pero no al revés (o sea, es un vidrio de visión unilateral); estas habitaciones cuentan con equipos de audio y de video para la grabación de testimonios.
En tanto que el pasado jueves, 6 de octubre del 2023, se dispuso en otra providencia judicial que Verónica Sarauz, la esposa del excandidato presidencial, y a través de ella su hijo menor de edad, y las dos hijas mayores de este, Amanda y Tamia, comparezcan para reconocer su firma y rúbrica en la acusación particular que plantearon contra todos los procesados en la causa penal abierta.
La diligencia fue convocada para el próximo jueves, 12 de octubre del 2023, a las 14:30, en la Unidad Judicial Penal de Pichincha.
En la providencia también se dio paso al pedido de la fiscal encargada del caso para realizar una audiencia privada en la que se efectúe la apertura, exhibición, examen, extracción, análisis y materialización de la información que conste en los teléfonos celulares entregados de manera voluntaria por seis amigos personales y colaboradores de Villavicencio. Ellos son Christian Zurita, Boaenerges Villagómez, Carlos Figueroa, Patricio Carrillo, Ramón López y Wellington García.
Los dispositivos fueron entregados en cadena de custodia e ingresados al Centro de Acopio del Departamento de Criminalística de Pichincha, reseña la providencia.
Y un día antes, el miércoles 5 de octubre, la Fiscalía solicitó los testimonios de algunos funcionarios, como el ministro del Interior, Juan Zapata; el excomandante general de Policía Fausto Salinas; el coronel Santiago Martínez, director nacional de Seguridad y Protección de la Policía; y César Gonzaga, escolta y amigo de Villavicencio.
Las versiones de Zapata, Salinas y Martínez se tomarán el 12 de octubre, y la de Gonzaga, el 13 de octubre. (I)
Nota original: El Universo
