Los abogados del periodista australiano, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, habían pedido en febrero eliminar esa orden después de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU concluyera que la detención era arbitraria e instara a Reino Unido y a Suecia a que acabasen con ella.
Ambos gobiernos y la propia Fiscalía rechazaron entonces el dictamen del panel de la ONU y consideraron que ni es vinculante ni afecta al proceso judicial, reducido ahora a un caso de violación menor después de que prescribieran otros tres delitos por los que Assange es objeto de una investigación preliminar en Suecia.
«Julian Assange sigue siendo sospechoso de un delito grave y el peligro de huida se mantiene», informó en un comunicado la Fiscalía, que recordó la sentencia del Tribunal Supremo sueco de mayo de 2015 acerca de la proporcionalidad de la medida.
Suecia y Ecuador abrieron en junio una negociación para hacer posible el interrogatorio de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, después de que la fiscal superior sueca, Marianne Ny, modificase meses antes su oposición inicial.
La negociación finalizó en diciembre con la firma de un acuerdo de asistencia legal en materia penal para facilitar el cumplimiento de diligencias judiciales y para poder interrogar al periodista.
Tras el rechazo de Quito a la solicitud de Estocolmo apelando a fallos formales, la Fiscalía sueca anunció que mandaría una nueva petición, que ha sido enviada en marzo y está a la espera de respuesta, explicó hoy Ny en el comunicado.
La Fiscalía sueca dijo no oponerse a que se celebre una nueva vista en los tribunales para tratar la revocación de la orden de arresto, aunque no la consideró necesaria porque la cuestión ya ha sido tratada antes por la Justicia sueca.
Assange cumplió el pasado 19 de junio tres años refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres al término de un largo proceso legal en el Reino Unido, que falló a favor de su entrega a Suecia.
La intención del periodista, de 44 años, es evitar la extradición al país escandinavo, porque teme ser enviado después a Estados Unidos, donde podría afrontar un juicio militar por los secretos sobre la seguridad estadounidense revelados por WikiLeaks.
