El dictamen acusatorio y el pedido de llamado a juicio que la fiscal Salazar le hizo al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, además de Azuero, incluyó al exsubdirector técnico del Servicio de Contratación (Secob) Jorge Jalil, a Pablo Cruz, Dany Calderón, Miguel Ganchozo, José Párraga y Danilo Véliz.
Ellos son los siete procesados que no se acogieron al procedimiento abreviado ni firmaron un acuerdo de cooperación eficaz con Fiscalía, ya que se dicen inocentes, y llegaron a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se instaló ayer en la CNJ. Inicialmente eran 19 los procesados en esta causa, pero al momento solo siete siguen siendo procesados.
El lunes último se sentenció luego de una audiencia de procedimiento abreviado a Mendoza a cuatro años y dos meses de cárcel; a 34 meses de prisión al exasesor de este, Jean Benavides; al exdirector del Secob René Tamayo; al representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; y a Franklin Calderón, alias Banquero; y a 40 meses de privación de libertad a Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob; a su excompañero de Comisión Ángel Andrade, y al exfuncionario público José Santos.
Salazar dio un dictamen abstentivo a favor de los también procesados Tannia Saltos, Olga Macías, Esteban Velásquez y Mario Ordóñez, y el juez Rodríguez los sobreseyó, es decir, ratificó su inocencia.
La Fiscalía explicó ayer que se encuentran configurados los elementos constitutivos del delito de delincuencia organizada, en la que se establece que se ejecutó y se dispuso la realización de las actividades con el propósito de obtener réditos económicos. Se indicó que dentro de esta trama también se habrían cometidos otros delitos como lavado de activos, peculado, falsificación de firmas…
Salazar no tiene dudas ni de la materialidad de la infracción ni de la responsabilidad de estos siete procesados en el delito perseguido. Eso mismo pensó de Mendoza y los restantes siete sentenciados.
Azuero fue acusado de ser el autor del delito de delincuencia organizada tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), inciso primero. La acusación fue similar para Mendoza, aunque la diferencia que se daría en la posible pena de Azuero responderá a que el manabita consintió la admisión del hecho que se le atribuye y firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía.
El inciso primero del 369 sanciona con una pena de siete a diez años de cárcel a quien mediante acuerdo forme un grupo estructurado de dos o más personas que financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer delitos, que tengan como objetivo la obtención de beneficios económicos u otros.
Daniel Morales, abogado del exlegislador Azuero, quien es uno de los dos prófugos en esta causa, rechazó la acusación y los elementos de convicción presentados por la Fiscalía contra su cliente. Dijo, por ejemplo, que existen contradicciones en el testimonio de Mendoza con relación a temas como la entrega de dineros y apuntó que existe un afán de «embarrar a su defendido».
Jalil, Cruz, Calderón, Ganchoso, Párraga y Véliz, en cambio, fueron acusados en grado de autores de conformidad al segundo inciso del artículo 369 del COIP. Este inciso habla que los demás colaboradores de la delincuencia organizada serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Jorge Luis Ortega, defensa de Jalil, afirmó que su cliente es inocente y solo cumplió con respetar las normas establecidas en la ley y la Constitución.
Una acusación parecida se usó para sentenciar a Benavides, Tamayo, Véliz, Calderón, Cobeña, Andrade y Santos, pero para ellos el juez Rodríguez refirió que esta sanción iba en relación con lo establecido en el artículo 42, 1a, del COIP, que habla que responderán con autoría directa quienes «cometan la infracción de una manera directa e inmediata».
De ser llamados a juicio y luego sentenciados como culpables Azuero y los seis procesados más, ellos deberán cumplir con lo que ordenó el juez de la CNJ para Mendoza y las otras siete personas.
Rodríguez ordenó el pago de $ 8 millones como reparación integral al Estado ecuatoriano. Ese valor, aclaró, se dividirá de forma proporcional entre todos los sentenciados en esta causa, de conformidad con los grados de participación. Este tema se deberá ventilar en fase de ejecución, dijo el juez, debido a que hay procesados, como Azuero, Jalil y otros, de los que no se ha dilucidado su situación jurídica.
Respecto del monto de la reparación integral definida, al menos Marcelo Icaza y Gabriela Moreira, defensas de Tamayo y Mendoza, respectivamente, tienen reparos y adelantan que no descartan el impugnar la sentencia en ese punto una vez les sea notificada formalmente. Moreira calificó a los $ 8 millones de reparación como una cantidad «infamante».
«Se establece una reparación integral de $ 8 millones que fue el monto del anticipo del hospital Básico de Pedernales de 30 camas, cuando 6 de estos $ 8 millones están resguardados por el caso de lavado de activos, que es la génesis de este expediente, por una jueza de Manabí en Inmobiliar», recordó Moreira.
Sobre los cuestionamientos hechos al monto de reparación integral, la fiscal Salazar piensa que siempre se va a cuestionar este tema cuando se cree que se ha perjudicado el bolsillo.
«Ese es el enfoque de la investigación, afectar al bolsillo de las estructuras, porque la delincuencia no se organiza para hacer deporte, la delincuencia tiene como fin último obtener beneficios económicos. Entonces cuando estamos afectando al bolsillo de aquellas estructuras realmente estamos luchando contra la delincuencia organizada», sostuvo ayer la fiscal general. (I)
Nota Original: El Universo – LINK
