Con la presencia de ocho de los 37 legisladores que suscribieron el pedido de juicio político en contra del ministro de Educación, Augusto Espinosa, se cumplió la audiencia de presentación de pruebas de cargo por parte del legislador que actúa como acusador, Bayron Pacheco, quien entregó nueva documentación. Esto como parte del proceso que sigue la mesa, una vez que en días pasados calificó el trámite. Su presidenta María José Carrión, dijo que se apegarán al debido proceso y a la ley.
Informó que cuando la comisión tenga las pruebas de cargo y de descargo definirá las acciones que se tomarán: si se llama a otros funcionarios, si se requiere ampliación de la información. “La garantía del debido proceso es nuestra garantía. No podemos fallar al pueblo con criterios anticipados. Debemos corroborar esas pruebas y contrastarlas. Tenemos una gran responsabilidad, pero sabremos responder con claridad, transparencia y en el marco del cumplimiento estricto de la Constitución”, agregó.
La sesión inició a las 10:19, con la presencia de la Red Nacional de Maestros, quienes acudieron para apoyar la política educativa implementada por ministro Espinosa. María José Carrión indicó que las sesiones de las comisiones son públicas y que no se puede impedir la participación de los ciudadanos. Además explicó que esta organización pidió con anticipación su ingreso. “La Asamblea es la casa de la democracia”, añadió.
En primera instancia intervino Bayron Pacheco. Puso énfasis en el artículo 5 del Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, relacionado con el aseguramiento de los bienes públicos. También sustentó sus pruebas con otros artículos del mismo Reglamento, de la Constitución, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, entre otras. Posteriormente, exhibió algunas publicaciones periodísticas de cinco medios de comunicación escrita y audiovisual.
“Apegada al debido proceso y a la Constitución debo decir que las notas de prensa, que otra vez se han vuelto a entregar, tendrán que ser valoradas si son parte de una prueba para determinar algunos hechos que aquí mismo se han manifestado”, pidió la asambleísta Marisol Peñafiel, integrante de la Comisión de Fiscalización.
Entre sus argumentos Pacheco también se refirió a un memorando del Ministerio de Educación en el que se indica que esta entidad ha asegurado algunos bienes, entre ellos vehículos, maquinaria, mobiliario y equipos electrónicos por más de 24 millones de dólares.
Después se presentaron los parlamentarios Pepe Acacho, Patricio Donoso, Raúl Auquilla, Wilson Chicaiza, Milton Gualán, Fernando Bustamante y Fanny Uribe. Ratificaron que ha habido incumplimiento de algunas normas, que ha habido negligencia administrativa, pidieron que se convoque al Contralor General del Estado, que el ministro ha interpretado la ley arrogándose facultades de otras instituciones, como la Corte Constitucional.
“Es bueno que el CAL haya dado paso a un proceso de fiscalización, que consta en la Constitución como un acto legítimo de quienes ostentamos una curul en la Asamblea. Me parece bien que esta Comisión haya dado paso a este proceso que hoy se inicia formalmente, porque la fiscalización es la oportunidad idónea, expedita que tiene cualquier funcionario para dar a conocer las razones de las acciones, para decir sus verdades, no es acto de linchamiento alguno. Este debe ser un proceso respetuoso en el cual el Ministro diga su verdad al igual que los asambleístas para que, al final, se administre justicia: si es inocente sea liberado y si no lo es sea sancionado”, enfatizó Patricio Donoso.
“Este es el primer paso que estamos dando en la Comisión dentro de un proceso de juicio político, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hemos escuchado ampliamente a los sectores interpelantes y en la etapa final estaremos en la obligación de emitir un auto resolutorio que deberá tener los hechos y la normativa en la que se asentaría la resolución. Nuestro deber será actuar con estricto apego a la ley, sin pasiones, sin demagogia, actuaremos con seriedad”, sostuvo Hólger Chávez, otro de los integrantes de la comisión.
Por otra parte, Víctor Medina lamentó que solo ocho de los 37 asambleístas que suscribieron el documento hayan asistido a la Comisión, cuando todos fueron notificados, mientras Alexandra Ocles cuestionó que el asambleísta interpelante se haya retirado antes de que concluya la sesión.
María Augusta Calle consultó qué ley y en qué parte de la misma se obliga a los ministros a asegurar los bienes públicos.
Como parte del proceso la Comisión notificó al ministro Espinosa para que presente las pruebas de descargo el lunes 25 de julio, a las 15:00, en el Salón José Mejía Lequerica.
Nelly Miño, subcoordinadora de la Red de Maestros, que estuvo presente en la sesión, manifestó que seguirán apoyando al Secretario de Estado por el buen trabajo que ha realizado en favor de la educación y que quienes lo acusan solo buscan una plataforma política.
