La bienvenida más bien la da una loma caliente, de vegetación selvática, que a pocos minutos de caminata tierra adentro se funde con plantaciones de coca y territorios dominados por una docena de bandas de delincuentes y disidentes de las FARC al servicio de narcotraficantes.
El puente está en el extremo norte de un desvío asfaltado que empieza 18,1 kilómetros antes, en la denominada Y de Mataje, en la carretera principal que va de Ibarra (Imbabura) a San Lorenzo (Esmeraldas).
Antes era una vía de piedras y tierra; sin embargo, desde junio del año pasado es una carretera de primer orden, con señalética, cunetas, drenaje, alcantarillas y rellenos, que costó, incluyendo el puente de 68,3 metros de largo y 10,7 de ancho, $ 12,9 millones.
El contrato de reconstrucción de esta vía y del levantamiento del puente fue suscrito el 11 de agosto de 2016 por Omar Chamorro, delegado del Ministerio de Obras Públicas (MTOP), y Santiago Báez, del Consorcio Río Mataje. La fiscalización estuvo a cargo de la empresa Río Esmeraldas.
En la cláusula séptima del contrato, cuya copia reposa en la Notaría Tercera del cantón Ibarra, se señala que el MTOP, a través de la Subsecretaría Zonal 1 y la Dirección Provincial de Esmeraldas, “pagará al Consorcio Río Mataje el valor del presente contrato… con recursos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de abril (del 2016)”.
Si bien Esmeraldas fue una de las provincias declaradas en emergencia, incluso con estado de excepción, para agilizar la transferencia de fondos a raíz del terremoto, las zonas de San Lorenzo y Mataje no presentaron mayores daños ni urgencias en comparación con poblaciones fronterizas con Manabí, como Chamanga y Muisne, donde colapsaron gran parte de su infraestructura y el sistema de servicios básicos.
La Ley Orgánica de Solidaridad se aplicó desde junio del 2016 y estableció una serie de contribuciones especiales cargadas a la cuenta de los ciudadanos y las empresas, con el fin de financiar la reconstrucción. Entre ellas hubo rubros que se aplicaron sobre las remuneraciones, el patrimonio, las utilidades y los bienes inmuebles.
En el contrato se determinó el modelo de pagos para el Consorcio Río Mataje de este modo: un anticipo del 40% ($ 5,7 millones) con bonos del Estado a tres años plazo, otro 40% con recursos fiscales del 2016 y el 20% restante con cargo al presupuesto del 2017.
Durante el gobierno de Rafael Correa se destacó a este puente como el tercero de la integración fronteriza, que se sumaría al de Rumichaca, en Carchi, y al que cruza el río San Miguel, en Sucumbíos.
Los representantes de los agricultores y campesinos aplaudieron la idea. En los boletines del MTOP se señala que unos 22.000 habitantes dedicados a la ganadería, pesca y producción agrícola podrían al fin transportar y comercializar sus productos en mejores condiciones. Sin embargo, en la práctica, la infraestructura levantada no logró del todo ese objetivo.
El compromiso, asumido incluso por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue que se complementaría el proyecto con un tramo que la conecte con la población de Espriella, en Colombia, pero que no avanzó en los términos acordados. Del lado ecuatoriano, la obra tardó menos de un año, con fondos para la reconstrucción del terremoto. (I)
El contrato
Reconstrucción
Costo de puente binacional
Solo el puente sobre el río Mataje, de 68,3 metros de largo y 10,7 de ancho, costó $ 2,3 millones, según el contrato. La vía desde la Y de Mataje, $ 10,6 millones.
Decretos ejecutivos
En el contrato se citan como antecedentes al menos tres decretos ejecutivos del 2016, suscritos por el expresidente Rafael Correa, como justificación para la transferencia de recursos.
Ministros
Los entonces ministros de Economía, Fausto Herrera, y de Obras Públicas, Walter Solís, también firmaron acuerdos para calificar la urgencia del proyecto.
Fuente: El Universo
