En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) detalló que «elementos de Interpol México, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaron al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 1, las dos órdenes de detención formal con fines de extradición en contra de Joaquín Guzmán Loera».
A ese centro penitenciario, conocido como Altiplano y situado en central Estado de México, fue trasladado Guzmán el viernes por la noche, seis meses después de que se fugara de ese mismo recinto por un túnel de 1,5 kilómetros conectado con una casa abandonada.
«Con esta acción, se notifica a la autoridad jurisdiccional correspondiente de la ejecución de dichas órdenes de detención con fines de extradición, con lo cual dará inicio formalmente el procedimiento», explica el boletín.
Según la PGR, «una vez desahogada la parte probatoria del procedimiento de extradición, los jueces emitirán una opinión jurídica y posteriormente se turnarán los expedientes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que esta dependencia emita los acuerdos correspondientes».
Aclara también que Guzmán «tiene la posibilidad de recurrir al Juicio de Amparo, en contra de los acuerdos que emita la Cancillería» y que la fiscalía general «mantendrá una estricta vigilancia de los procedimientos y será respetuosa de las determinaciones de las autoridades correspondientes».
Los abogados de «El Chapo» tramitaron en los últimos meses varios recursos de amparo contra una eventual extradición, solicitada formalmente por Estados Unidos.
Algunos de ellos «fueron sobreseídos, mientras que otros siguen en trámite», detalló la PGR el sábado en otro comunicado.
Tras el escándalo desatado por la fuga de julio, al Gobierno de Peña Nieto, que antes rechazaba con vehemencia la extradición, parece convencido en enviarlo a Estados Unidos, aunque el proceso para concretarlo se prevé largo, por los tiempos establecidos en la ley.
