El esquema denunciado por el Gobierno parte de una comercializadora no registrada en la Agencia de Regulación y Control de Recursos No Renovables que vende combustible a distribuidoras y a clientes.
Esta comercializadora es abastecida por Copedesa, firma que sí se encuentra registrada, y sobre la cual se dirige la acusación del Ejecutivo.
De acuerdo con Jurado, entre las irregularidades encontradas dentro de esta presunta red de comercialización ilícita de combustible, se evidencia un vehículo que cargó 123 mil galones de gasolina en 12 meses, a nombre de Oliver Israel González Macías, relacionado a la empresa Gas Groups.
Por otro lado, se reportó que Genaro Loor Aguirre, vinculado a Fuel Corp –una de las firmas cuestionadas por el Gobierno- registra más de 8.019 en el SRI.
Según el asambleísta por el oficialismo, esta estructura cargaba combustible para, posteriormente, descargarlo en otros sitios a modo de contrabando.
Además, señaló que, de momento, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y su hermano Antonio Álvarez, son las únicas figuras públicas involucradas en la denuncia por presunta comercialización irregular de combustible.
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