Durante una audiencia pública convocada por el alto tribunal, Fujimori sustentó, por vía telefónica, el pedido de «hábeas corpus» que presentó su abogado, William Castillo.
Fujimori dijo que acudió al Constitucional «para solicitar que se sirva analizar la constitucionalidad de la sentencia por 25 años que se me ha impuesto».
El exmandatario dijo que la resolución de 2009 «evidencia que existe una abierta contradicción entre los alcances de la sentencia y las explicaciones dadas» por los miembros del tribunal supremo que la dictó, al incluir una condena por lesa humanidad.
Consideró que esto «es una violación al principio de legítima defensa porque el delito contra la humanidad no fue materia de la acusación fiscal».
Solicitó que, por ese motivo, «se declare nula la sentencia a fin de proceder a un nuevo juicio».
Fujimori también dijo que el presidente del tribunal, el magistrado César San Martín, violó el «principio de neutralidad» al haber hecho consultas por correo electrónico sobre la eventual sentencia en pleno proceso.
«Hay cuatro correos en los que se evidencia claramente la posición condenatoria del doctor San Martín en pleno proceso judicial, un año antes de la emisión de la sentencia», indicó.
Ante esto, reiteró que solicita que «se declare nula y sin efecto legal la mencionada sentencia condenatoria y se disponga un nuevo proceso judicial con la garantía del debido proceso».
Durante la audiencia pública en el Tribunal Constitucional, el abogado de Fujimori amplió los argumentos jurídicos del «hábeas corpus», mientras que el representante de la Procuraduría del Poder Judicial pidió que el recurso se declare «improcedente e infundado.»
Alberto Fujimori fue condenado en abril de 2009 a 25 años de cárcel «como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía» de un grupo de estudiantes de la universidad limeña de La Cantuta (1992) y en la zona limeña de Barrios Altos (1991), a manos del grupo militar encubierto Colina.
El tribunal señaló que «los mencionados delitos de homicidio calificado constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal».
Fujimori también fue condenado en ese juicio por los «secuestros agravados» del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que sentenció a Fujimori fue presidida por César San Martín e integrada por los magistrados Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.
