Las acusaciones, cuyo trámite y posterior debate puede terminar con la destitución del denunciado, argumentan que Gutiérrez se excedió en sus funciones cuando el pasado 24 de enero manifestó que el indulto a Fujimori «transgrede» los estándares legales que establecen la Constitución y la jurisprudencia peruanas.
En su pronunciamiento, Gutiérrez destacó la carencia de argumentos legales para sustentar el «indulto humanitario» que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó a Fujimori el pasado 24 de diciembre, lo que lo eximió de terminar de cumplir una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Para Ramírez y García, el Defensor del Pueblo incurrió en un «desacato» hacia las funciones que le confiere la Constitución de proteger los derechos de los peruanos e incluso afirmaron que vulneró los derechos fundamentales de Alberto Fujimori.
En un mensaje publicado en Twitter tras presentar la denuncia, Ramírez acusó a Gutiérrez de ejercer una «persecución política» contra Fujimori.
«La Defensoría no puede ser utilizada como un mecanismo de persecución política. Sesenta millones (de soles) de presupuesto para una institución que no es vinculante ni defiende los derechos humanos es una burla para los peruanos», escribió Ramírez, famoso en el país por afirmar hace unos meses que leer da Alzheimer.
Por su parte, García aseguró al diario El Comercio que existen «fundamentos de sobra como para que el Defensor del Pueblo sea destituido del cargo o, en su defecto, que él corrija esos errores en los que ha incurrido, pues no es de su competencia, es de la competencia internacional».
Tanto Ramírez como García fueron parte del grupo de diez congresistas del fujimorismo liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, que se abstuvieron de votar a favor de la destitución de Kuczynski para que, supuestamente a cambio, este indultara a Fujimori tres días más tarde.
El fujimorismo, que controla el Congreso con mayoría absoluta, ya promovió en meses anteriores acusaciones constitucionales contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y el Fiscal de la Nación (fiscal general), Pablo Sánchez.
Fujimori, de 79 años, fue indultado por supuestamente padecer una enfermedad grave no terminal y degenerativa, que se agravaba por su reclusión en cárcel, pero la resolución de la gracia no especificó cuál era y se limitó a numerar una serie de males crónicos de su edad como hipertensión arterial, depresión, hernia lumbar y fibrilación auricular paroxística.
El indulto a Fujimori será tratado esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia programada para el 2 febrero para supervisar el cumplimiento de la sentencia de 25 años de cárcel dictada contra el exmandatario en 2009.
Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, además de por el secuestro de un empresario y un periodista en 1992, después del «autogolpe» de Estado que dio el 5 de abril de ese año.
Fuente: EFE
