Colombia se comprometió con Estados Unidos a reducir a la mitad sus plantaciones de coca hasta el 2023. Esa meta está dentro del llamado Libro Blanco de la Erradicación, el cual contempla, según el ministro de Defensa de ese país, Luis Carlos Villegas, acciones como el reinicio de las fumigaciones con glifosato en zonas donde se encuentran los cultivos ilícitos, especialmente en la frontera con nuestro país.
El 22 de junio pasado, Villegas presentó en Tolima las ventajas de las aspersiones con drones. El Ministro recalcó que con este sistema se erradicarán tres hectáreas diarias con menos riesgos sanitarios y ambientales.
El uso de glifosato para combatir los cultivos ilegales no es nuevo. Colombia afrontó tres demandas por las fumigaciones entre 2000 y 2007. Una de ellas la perdió en EE.UU.; la segunda está en trámite en la Corte Interamericana de DD.HH.; mientras que la tercera la planteó Ecuador ante la Corte de La Haya exigiendo una reparación por los daños causados a la población fronteriza.
En 2014, se llegó a un acuerdo para retirar esa demanda. En ese convenio, Colombia reconoció las afectaciones y se colocaron límites donde no se podían realizar las fumigaciones aéreas. Harold Burbano, abogado de Inredh, recordó que Colombia se comprometió a informar los lugares, las fechas y el químico que usará. “El hecho de que se focalicen las fumigaciones con drones minimiza, pero nunca eliminará los peligros del glifosato”, enfatizó Burbano. Inredh y organizaciones de la frontera norte luchan por una reparación para las víctimas de las fumigaciones.
En el último censo se detectaron 40.000 familias afectadas, pero solo fueron indemnizadas 3.250 con el dinero del estado colombiano. El resto sigue exigiendo no solo la reparación económica sino planes productivos y desarrollo social.
