Los candidatos son: Luis Hernán Salgado Pesantes, Daniela Salazar Marín, Ramiro Fernando Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Pablo Enrique Herrería Bonet, Ida Magdalena Molina Riofrío, Agustín modesto Grijalva Jiménez, Ana Isabel Abril Olivo y Alí Lozada Prado.
Esta lista será remitida a la Comisión Calificadora que se encarga del concurso de selección. Hasta el jueves 8 de noviembre del 2018, también deberán enviar sus listas de nueve candidatos el presidente Lenín Moreno y la Asamblea Nacional.
En total existirán 27 candidatos de la Funciones Ejecutiva, de Transparencia y Legislativa. Y la Comisión seleccionará a los mejores nueve postulantes para que integren la CC.
La propuesta en la FTCS la hizo Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) y titular de la Función.
Dijo que le costó mucho hacerlo porque hubo personas que se excusaron como Nina Pacari y Mariela Briones, por asuntos académicos. Gina Benavides, defensora del pueblo e integrante de la Función, fue la única que puso reparos a la lista. Dijo que si bien se contempló la paridad de género, no se había tomado en cuenta el tema de la interculturalidad.
Propuso que se incluya el nombre de Raúl Llasag Fernández, abogado ligado al derecho indígena y ancestral. Sin embargo, Pablo Celi, contralor general subrogante y vicepresidente de la Función, mocionó que se acoja la lista de Trujillo en su totalidad. Al final siete integrantes de este Poder del Estado apoyaron a Celi y a Trujillo. Solo Benavides y Edison Toro, titular encargado de la Supercom, se abstuvieron por considerar que faltaba un representante intercultural.
En la misma sesión, la Función de Transparencia nombró una terna de candidatos solicitada por el Cpccs-t para nombrar a los jueces encargados del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que está sin funcionamiento jurisdiccional. Se nombró a María de los Ángeles Bones, Víctor Hugo Agila y Hernán Rivadeneira Játiva.
En este caso también estos nombres se complementarán con los que envíen la Presidencia de la República y la Asamblea.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
