Es la prueba más reciente de que el Estado es un mal administrador. Gamavisión, canal incautado en 2008 por el gobierno de Rafael Correa, entró en un proceso de disolución. Lo decidió la Superintendencia de Compañías, el 22 de febrero.
La empresa de medios públicos, principal accionista del canal, aseguró que “defenderá” Gamavisión como “patrimonio público” y como un “espacio imprescindible de comunicación social”. El problema es que, al parecer, no hay mucho que defender. La resolución de la Superintendencia es lapidaria sobre la situación financiera del medio de comunicación.
Habla de pérdidas acumuladas por seis millones de dólares, que representan el 126 % de su capital y un patrimonio negativo de 1,2 millones de dólares.
Aunque ya hubo alertas con cifras dispares pero aún más escandalosas. En octubre del año pasado, Andrés Michelena, exgerente de la empresa de medios públicos, contaba que desde 2008 Gamatv registra pérdidas acumuladas por $ 17 millones. El medio también tiene deudas pendientes con el IESS y el Servicio de Rentas Internas (SRI). De por medio también hay una denuncia por supuesta defraudación tributaria por 6,2 millones.
El año anterior, un informe de Contraloría también advertía que el canal “se encuentra en una de las causales de disolución”. Las pérdidas, solo en el período 2010 – 2015, superaban el 50 % del capital. A pesar de eso, en Gama se aumentaron los sueldos y se pagaron bonos a directivos sin justificativos por 664.742,92 dólares. Uno de ellos, Carlos Ochoa, superintendente Comunicación.
