Cuatro años después de que arrancara un proceso judicial contra la empresa que proveía hierro para la construcción del Metro de Quito, se conocieron las primeras resoluciones judiciales.

Créditos: El Comercio / Municipio de Quito

Este viernes 12 de mayo del 2023, Joaquín M., gerente general de la empresa contratista, fue sentenciado a tres años de cárcel por el presunto delito de defraudación bursátil.  

Esta decisión la adoptó un Tribunal, conformado por los jueces Pablo Coello, Galo Rumiguano, y Milton Maroto, durante una audiencia que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Tras analizar las pruebas presentadas por Fiscalía, esos magistrados hallaron culpable al representante de la empresa, la cual compró el hierro para la construcción de la obra de movilidad de la capital.

Los jueces también dispusieron una multa de 10 salarios básicos unificados y como reparación integral dispusieron una indemnización de USD 11’267 865 a favor de una empresa afectada. 

¿Cómo ocurrieron los hechos?

En marzo del 2016, se pidieron 130 000 toneladas de hierro para la construcción de la línea 1 fase 2 del Metro de Quito. La empresa que proveyó en primera instancia el hierro firmó un contrato con una tercera, cuyo gerente fue sentenciado hoy. Los problemas comenzaron los primeros meses del 2018, pues hubo incumplimientos de los pagos acordados por la adquisición del metal.

Los retrasos fueron provocados porque el 20 de diciembre del 2017 seconstituyó un fideicomiso para recaudar todos los valores. Según Fiscalía, Joaquín M. “habría constituido, en forma fraudulenta, ese fideicomiso mercantil”.

En la investigación previa por presunto delito bursátil, abierta en marzo de 2019, se determinó que al crear el fideicomiso se perjudicó a terceras personas.

El proceso judicial

Durante la audiencia de juicio contra Marín, la Fiscalía dijo que “presentó una pericia contable, que determinó el perjuicio económico y una pericia que estableció la creación del fideicomiso que causó un desequilibrio en el patrimonio” de la empresa afectada, ya que no podía facturar.

Por su parte, la defensa de Joaquín M. sostuvo que su cliente es inocente y que las pruebas presentadas por Fiscalía no demuestran que su defendido haya cometido el delito de defraudación bursátil.

Fuente: El Comercio Nota original: LINK