El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, afirmó en una rueda de prensa en La Paz que el Ejecutivo respeta la «institucionalidad» del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero no está de acuerdo con la restricción impuesta y por ello apeló esa decisión ante el Tribunal Constitucional (TC).
Según García Linera, Morales y él «reivindican el derecho constitucional a la libertad de información y es en función de ese criterio» que apelaron la decisión del órgano electoral, al considerar que se les está «conculcando el derecho a la información, que está constitucionalmente consagrado».
«Nosotros vamos a los pueblos no de vacación, vamos a trabajar, a entregar obras y es una obligación del gobernante con el pueblo informar lo que está trabajando», justificó.
Por iniciativa del oficialismo, los bolivianos votarán el próximo 21 de febrero si están o no de acuerdo con reformar un artículo de la Constitución para permitir que Morales y García Linera, que gobiernan el país andino desde 2006, puedan presentarse nuevamente a las elecciones en 2019 en busca de un cuarto mandato hasta 2025.
Ambos mandatarios participan a diario en sendos actos de entregas de obras en distintas regiones que son transmitidos por la radio y el canal estatal y que suelen durar como mínimo 30 minutos.
La semana pasada, Morales desafió las restricciones electorales al hacer referencia a la campaña por el «Sí» en el referendo, en un acto que fue transmitido íntegramente por el canal estatal.
También acusó al TSE de supuestamente poner en «riesgo la libertad de expresión» porque el órgano ha recordado que la transmisión de los actos de entrega de obras no puede pasar de 15 minutos desde un mes antes de la votación.
En una carta difundida el martes, el órgano electoral recordó al gobernante que no puede hacer campaña en actos de gestión pública o usando recursos estatales para el referendo del 21 de febrero.
También exhortó a Morales y a todas las autoridades de los diferentes niveles del Estado «a respetar la institucionalidad, la autonomía y jerarquía del Órgano Electoral Plurinacional como órgano del poder público y máxima instancia en materia electoral».
García Linera insistió en que Morales y él tienen «la obligación de informar» sobre las obras que emprende el Gobierno.
Señaló que acatarán «en silencio, disciplinada y humildemente lo que diga el Tribunal Constitucional».
«Pero en tanto el tribunal no se pronuncie, nosotros defendemos nuestro derecho a la libertad de información», añadió.
