«El Gobierno de Brasil es víctima de un golpe», dijo hoy a Efe en Montevideo el Secretario de Política Económica y Desarrollo Sostenible de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA), el brasileño Rafael Freire.
«Hay un intento real de las grandes empresas de comunicación de establecer un golpe en Brasil, y una parte del parlamento brasileño intenta dar un golpe parlamentario para destituir a Dilma (Rousseff, presidenta del país)», abogó el representante de la CSA.
El brasileño intervino en Montevideo en un mitin en el marco de un paro general de cuatro horas declarado este miércoles por la central sindical uruguaya PIT-CNT.
Durante su oratoria, Freire defendió la solidaridad entre las clases obreras y la necesidad de integración de los trabajadores a nivel internacional, y también agradeció el apoyo de Uruguay al mantenimiento de la democracia en Brasil.
«No habrá golpe», aseveró.
«Creo que las movilizaciones en las calles que hicimos en Brasil, con centenas de miles de personas, revirtieron un poco la tendencia», dijo Freire, quien garantizó que «está probado» que Rousseff, «no cometió ningún crimen» que justifique un juicio político.
Según él, la sociedad brasileña se movilizó de manera «muy contundente» así como los ciudadanos que viven en el extranjero, que organizaron protestas en contra de un posible golpe, en cerca de 20 países, incluidos España, Italia, Alemania, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y México.
«Es bueno decir que quien se movilizó no lo hizo solo para defender a Dilma, sino también a la democracia. Por eso hay opositores que están en contra del golpe», destacó Freire.
Para el sindicalista, un golpe en Brasil produciría un «gran problema» para la «mayoría de la población» y también cambiaría «la política externa que se ha construido en la última década», motivo al que atribuye el «apoyo internacional» al Gobierno.
«Muchos de los países que se movilizan saben que Brasil tiene una importancia estratégica, y que si pasa un golpe en un país tan grande otros estarían vulnerables a ataques no democráticos», añadió.
La salida del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de la coalición gubernamental que conformaba junto con el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, el 29 de marzo impactó de manera negativa a la actual Administración, ya debilitada por los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
La situación se agravó todavía más con el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil tras ser acusado de recibir «beneficios» de empresas involucradas en el esquema de Petrobras, además de enfrentarse a cargos por lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio.
Sin embargo, la pérdida de la alianza con el PMDB, para Freire, tiene como objetivo «permitir que los diputados (de ese partido) voten por el juicio político» a Rousseff, para que el vicepresidente, Michel Temer (del PMDB), asuma el Gobierno.
«Había una estrategia muy clara articulada entre Temer, (el opositor) Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y otros partidos para llevar a cabo el juicio político y la asunción de Temer, pero esta tesis falló», concluyó el sindicalista al afirmar que lo único que logró Temer fue dividir su propio partido.
Este miércoles, el relator de la comisión del juicio político, Jovair Arantes, dio un parecer positivo en relación a la apertura del proceso, que será votado el próximo lunes, basado en las alteraciones de los resultados fiscales presentados por el Gobierno de Rousseff.
En caso de que la comisión apruebe este parecer, el informe deberá ser votado por la Cámara de Diputados y si recibe un mínimo de 342 votos de un total de 513 pasa al Senado, responsable de juzgar si la presidenta cometió el «crimen de responsabilidad».
