En ese comunicado, difundido por el medio oficial Granma, se sostiene que la deportación se cumplió con “total apego a lo establecido en la legislación de ambos países y en las normas internacionales vigentes para este tipo de situación, con el objetivo fundamental de garantizar un flujo migratorio ordenado, regular y seguro, al tiempo que responde al compromiso de evitar que seres humanos indefensos se conviertan en víctimas de traficantes de personas.”
Asimismo, recalcó que es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos y la política migratoria, conformada en las últimas décadas, la situación creada con los migrantes irregulares cubanos en la región, quienes inicialmente viajaron al exterior de manera legal, cumpliendo todos los requisitos establecidos por nuestras regulaciones migratorias, para posteriormente iniciar un periplo irregular alentados por la Política de “Pies Secos-Pies Mojados”, el “Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos” y la Ley de Ajuste Cubano, las cuales confieren a nuestros ciudadanos un tratamiento selectivo y único en todo el mundo, al tiempo que constituyen una violación a los acuerdos migratorios suscritos entre ambos países”.
El comunicado profundizó y sostuvo que “esa política resulta incongruente con el actual contexto bilateral, impide la normalización de las relaciones migratorias entre Cuba y los EE.UU. y crea problemas a otros países, al mismo tiempo que discrimina al resto de los migrantes, incluidos menores, quienes en la frontera de los Estados Unidos sufren maltratos y represión antes de ser deportados masivamente”.
La migración irregular de ciudadanos cubanos a Estados Unidos es un problema continental y no solo de Ecuador. Por ejemplo, en las últimas semanas, más de 2.000 isleños fueron deportados desde Colombia y otros miles desde Costa Rica.
En el país, el Ministerio del Interior recalcó que los 75 ciudadanos cubanos que fueron deportados no cumplían con los requisitos de permanencia en el país y que su situación fue analizada y resuelta por las autoridades judiciales, como lo establece la ley.
