El secretario de Justicia de EEUU, Jeff Sessions, envió una orden a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) en la que cancelaba la medida anunciada en agosto de 2016 por el Gobierno de Obama, que instaba a reducir o permitir que expiraran los contratos del Ejecutivo con compañías privadas encargadas de gestionar cárceles.
«Ese memorando (de Obama) cambió políticas y prácticas que llevaban mucho tiempo en marcha, y mermó la capacidad de la Oficina (BOP) para hacer frente a las necesidades futuras del sistema correccional federal. Por tanto, ordeno a la Oficina que vuelva a su anterior enfoque», escribió Sessions en su orden.
Numerosas organizaciones no gubernamentales han denunciado en los últimos años las precarias condiciones de los centros penitenciarios de control privado en Estados Unidos, alegando que la búsqueda de beneficios económicos incurría en la atención deficitaria a los presos, causando numerosos altercados.
No obstante, el impacto de la acción de Sessions es limitado, dado que la mayoría de los presos del país están detenidos en prisiones estatales, no federales.
Al menos hasta mediados del año pasado, cuando el Gobierno de Obama hizo su anuncio, solo había 13 prisiones federales controladas por empresas privadas en todo el país, con unos 22.000 presos detenidos en ellas.
Ni la orden de Sessions ni la emitida el año pasado por el Gobierno de Obama afectan a los centros de detención de inmigrantes que están gestionados de manera privada, ya que estos dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y no del Departamento de Justicia.
