Esta metodología, estandarizada por el Banco Mundial, Naciones Unidas y Unión Europea, contempla la evaluación de los daños, levantamiento de necesidades y priorización de la reconstrucción. Este trabajo está liderado por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades).
Según explicó la titular de la entidad, Sandra Naranjo, lo primero es cuantificar los daños en infraestructura pública (stock de capital) y las pérdidas en el flujo de recursos que se dejó de recibir por ese daño. “Con esa información se cuantifica el efecto o el impacto tanto a nivel económico como social”; sostuvo la secretaria de Estado en entrevista con Andes.
Una vez calculado ese impacto, el siguiente paso es el levantamiento de necesidades, ubicarlas en los distintos sectores (vialidad, salud, educación, etc), determinar cuánto necesita el país para reconstruir las zonas afectadas y establecer las políticas adecuadas. En esta fase, explicó Naranjo, se analizarán todos elementos para construir de la manera adecuada y reducir la vulnerabilidad para la población.
“No estamos improvisando, estamos usando todos los recursos, tenemos técnicos nacionales pero también necesitamos expertos internacionales con experiencia en desastres y vamos a tener un plan que nos permitan definir las prioridades”, apuntó.
La tercera etapa de este proceso corresponde a la priorización de las intervenciones “es decir por donde voy a empezar”, indicó la funcionaria quien adelantó que en el sector de infraestructura se iniciará el trabajo por las vías y el aeropuerto.
El objetivo principal en esta fase es mejorar las estructuras. “No es solamente hacer edificios, estamos hablando de poblaciones que fueron destrozadas, familias que quedaron incompletas, no podemos hacer nada respecto a la pérdida de vidas humanos, pero sí al menos tratar de que, en lo posible, sus vidas vuelvan a la normalidad y parte de eso es construir mejor para reducir la vulnerabilidad de esa población”, sostuvo.
Para ello, se considerarán aspectos relacionados con el ordenamiento de suelo y los estándares de construcción, sobre lo cual en el país está vigente una normativa. Adicionalmente, en la Asamblea se debate un proyecto de Ley que propone la creación de una Superintendencia con capacidad de sancionar a los municipios que controlen la infraestructura adecuada.
Con base en la experiencia de otros países, Naranjo recalcó que este proceso tomará al menos un par de años y recordó que Chile, por ejemplo, planificó una reconstrucción de cuatro años. «Debemos lograr que la reconstrucción sea una política de Estado, porque nuestra prioridad y nuestro principal objetivo es la atención a la población»
El informe, que se está levantando junto con expertos internacionales, estará listo en seis semanas, sin embargo, Naranjo aclaró que “esto no quiere decir que vamos a esperar ese tiempo para empezar a actuar, hay situaciones que requieren intervención inmediata”, añadió.
Los recursos necesarios para la reconstrucción
La titular de la Senplades destacó la importancia de contar con el plan de recuperación de las zonas afectadas ya que “permitirá utilizar los recursos de manera eficiente”.
Reiteró que al momento el país cuenta con 630 millones de dólares de fondos de contingencia y que a eso se suman las naciones realizadas por gobiernos u organismos internacionales al país. Todos esos recursos entrarán al Presupuesto General del Estado y serán administrados por el Ministerio de Finanzas, de acuerdo con las prioridades definidas en el plan de reconstrucción.
Los ingresos por impuestos, que tienen temporalidad pues su vigencia es de máximo un año, y las aportaciones personales y empresariales, que serán por una sola vez; tendrán el mismo tratamiento, una vez que sea aprobado por la legislatura ecuatoriana.
“Todos los países suelden aplicar medias tributarias con temporalidad. Se ha tomado en países como Chile y Japón”, recordó al tiempo de recalcar que el uso de estos recursos será reportado de manera trimestral ante la Asamblea Nacional, lo que releja la transparencia en el manejo.
Funcionó la institucionalidad del Estado
“Hay que reconocer el trabajo que ha realizado el Gobierno, la ciudadanía, el sector privado. El Ecuador unido ha reaccionado adecuadamente ante esta situación y lo reconocen organismos internacionales con experiencia en desastres que destacan la importante labor del gobierno ecuatoriano en una situación como esta”, relievó Sandra Naranjo.
Dijo que el devastador terremoto evidenció un Estado más fortalecido con una capacidad de respuesta inmediata gracias a la inversión pública realizadas en puentes, carreteras, hospitales móviles, equipamiento a la fuerza pública y la misma creación del ECU911.
“Ecuador mostró estar en el más alto nivel (…) en la tristeza de un evento como este, destacó la solidaridad del pueblo ecuatoriano. La respuesta de nuestra gente no es común y nos llena de orgullo ver la respuesta de todos desde los que más tienen hasta los que menos tienen”, agregó.
Dijo que si bien al inicio, por la magnitud de la tragedia, se cometieron errores, lo fundamental es que se detectaron y se corrigieron a tiempo. “Lo más importante es la capacidad instalada de respuesta que tiene el Ecuador”, anotó.
