Según la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, el objetivo del gobierno central es que las personas que se encuentran albergadas puedan tener acceso a este beneficio y puedan retomar su vida familiar.
Datos oficiales indican que en el albergue habilitado en el cantón Atacames se encuentran refugiadas 112 familias, que en total bordean los 500 habitantes aproximadamente. Sin embargo, también existen familias en refugios temporales que no son administrados por el gobierno central a las que también se les entregará el bono de vivienda y acogida.
En el primer caso, a la familia damnificada que prefiera arrendar una vivienda, el Estado le reconocerá 135 dólares para el alquiler por seis meses y otros 100 dólares por tres meses como bono de alimentación.
En el segundo caso, las familias acogientes recibirán 150 dólares durante seis meses, de los cuales 135 serán como arrendamiento y los otros 15 dólares para el pago de servicios básicos; mientras que la familia acogida recibirá 100 dólares como bono de alimentación por tres meses.
“Se van a activar los otros mecanismos que son bonos de alquiler. Vamos a ver que personas en terreno propio puede ubicar su carpa, guardando siempre los niveles de seguridad, es decir una vez que el Miduvi (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) haya hecho las evaluaciones”, señaló el ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, después de un recorrido que realizó por los albergues.
Las autoridades también se encuentran evaluando la posibilidad de reubicar el albergue de Atacames, pues el terreno en el que se encuentra no cumple con las condiciones necesarias para funcionar. A decir de Navas, en el invierno el albergue podría sufrir inundaciones, por lo que es necesario buscar otro espacio para ubicarlo.
Además, las autoridades colocaron carpas en el refugio para que las familias que lo deseen puedan pasar la noche ahí y no en las calles como lo hacían por temor a que existan réplicas.
