Al anunciar la demanda, la fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, enfatizó que esa polémica ley viola la ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe cualquier tipo de discriminación, y que este caso tiene que ver, más allá del uso de los baños públicos, con «la dignidad y el respeto» hacia todos los seres humanos.
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