Este grupo de la Asamblea Nacional emitió el martes 13 de diciembre un pronunciamiento público para defender el derecho de las mujeres y rechazar las agresiones físicas o psicológicas «vengan de donde vengan».
En ese documento rechazan «toda acción de violencia de género que sin lugar a dudas constituye un atentado contra la integridad, la dignidad de las mujeres, independientemente de quien fuera el agresor».
En dicho pronunciamiento se recordó que con la finalidad de respetar los derechos de las mujeres fue concebido el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual tipifica actos de violencia contra la mujer y contiene reglas específicas para el tratamiento de infracciones de violencia de género o miembros del núcleo familiar. Todo esto, en observancia con las autoridades competentes, respetando los derechos de la víctima y del denunciado. Con ese antecedente, el Grupo Parlamentario reiteró en su manifiesto su compromiso «de garantizar el cumplimiento al derecho a una vida libre de violencia y los principios de igualdad formal, material y no discriminación de las mujeres».
Godoy insistió que el caso se encuentra «expuesto políticamente, lo que causaría varias pretensiones».
Ante eso, recordó que en las leyes ecuatorianas prevalece el principio de inocencia. «Mientras no haya un resultado que demuestre su responsabilidad y señale la participación es simplemente un sospechoso», dijo y opinó que no promovería la renuncia de Pérez al cargo del director de EL TELÉGRAFO, tal y como exige cierto sector de oposición. Durante una rueda de prensa, Mae Montaño, legisladora de CREO, acompañada de legisladores de Pachakutik (PK), Partido Social Cristiano y Partido Sociedad Patriótica (PSP), pidió la salida de Pérez.
Exhortaron a la Asamblea Nacional, al estar dirigida por mujeres, pronunciarse sobre este caso. La legisladora del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, se sumó al pedido de destitución. Indicó que la Asamblea «no puede ser cómplice ante un acto de violencia» y rechazó de que se pretenda que este caso se maneje de manera privada.
La asambleísta Lourdes Tibán, de Pachakutik, manifestó que se trata de impulsar políticas públicas a favor de las mujeres y que el Legislativo no se puede quedar pasivo ante este hecho. «Las mujeres también tenemos dignidad, por lo tanto no se le puede pasar por alto este tema de la Asamblea Nacional».
Tibán añadió que Pérez, al ser un funcionario público, deja de ser un personaje privado. Según Godoy, las pretensiones de los actores políticos de oposición «son descalificar la gestión de quienes somos parte de este proyecto político».
Soledad Buendía, asambleísta de PAIS, aclaró que los legisladores no tienen el alcance para pedir la destitución de Pérez, tal y como lo plantean agrupaciones políticas de la oposición al régimen. «Nosotros como legisladores no podemos pedir la cabeza de nadie. Acá estamos para legislar», expresó Buendía.
En esa línea, la asambleísta insistió en que el Legislativo «no es una comisaría o la inquisición». La legisladora recordó que la Asamblea solo puede iniciar un juicio político como lo contempla el artículo 131 de la Constitución (ministros de Estado o las máximas autoridades de la Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Superintendencias, etc.).
«Un funcionario de alguna institución pública de segundo, de tercer rango, no está dentro de las competencias de la Asamblea Nacional. Esto está en otras instancias», reiteró, a la vez que señaló que el caso estará a cargo de las autoridades correspondientes.
El asambleísta de Alianza PAIS, Diego Vintimilla, también reiteró que la destitución de Orlando Pérez no corresponde, porque es un funcionario de un medio público. En ese sentido, dijo, se deben tomar medidas para que se realice un proceso justo. Considera que es «un acto político» de quienes piden su destitución.
