La presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, convocó para el 11 de agosto a las 08:00, a sesión plenaria.
Este procedimiento es distinto al que regularmente sucede cuando desde la Comisión de Fiscalización se presenta un informe con la recomendación de juicio político y censura. Ese informe no fue posible presentarlo debido a que no se notificó, dentro del plazo correspondiente, un pedido de prórroga de cinco días.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dijo que el trámite del juicio a Pablo Celi, quien fue acusado de incumplimiento de funciones por el asambleísta Juan Lloret (UNES), concluyó en la mesa una vez que el 5 de agosto se presentó el informe de posiciones. En adelante, será responsabilidad de la presidencia de la Asamblea llamar al pleno para definir su interpelación.
La próxima semana, añadió el asambleísta nacional, convocará a la comisión para conocer los pedidos de juicio político en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, cuyas acusaciones fueron presentadas por los asambleístas Yeseña Guamaní (ID) y Ricardo Vanegas (Pachakutik), acusado de una inadecuada conducta y vulneración de derechos humanos tras los hechos registrados el 15 y 16 de mayo de 2021.
Respecto del juicio político a Celi, Villavicencio comentó que existen razones suficientes para censurar al exfuncionario, pues se ha develado una estructura criminal dentro de la Contraloría, un modo de funcionamiento reiterativo en conjunción con funcionarios que se encuentran laborando hasta la actualidad, quienes fueron el nexo para el cometimiento de actos de corrupción como el desvanecimiento de glosas a favor de empresas públicas y privadas.
Que procede la censura del excontralor toda vez que revisados los documentos y testimonios se corroboró que el exfuncionario ha ejercido el cargo de contralor general del Estado sin soporte legal ni constitucional alguno; pero que la Comisión no tiene elementos suficientes de convicción sobre que existió el acto administrativo de cesación de funciones de Pablo Celi De la Torre, por cuanto no se pudo obtener la acción de personal original o copia certificada; por lo que es necesario remitir este análisis y documentos simples a la Fiscalía General del Estado para que determine la presunta existencia de los delitos de usurpación y simulación de funciones públicas, así como el de destrucción de registros.
Villavicencio reiteró que los miembros de la Comisión de Fiscalización carecen de competencia para observar la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que dispuso ratificar que Pablo Celi, es el contralor subrogante.
Nota Original: El Universo – LINK
