«Mi hermana ha muerto. No es justo tanto dolor. Tantas familias de luto», aclamaba entre sollozos desgarradores una mujer a las puertas del Instituto Nacional de Ciencias Forense (Inacif), donde se amontonan los cadáveres para realizarles una autopsia.
Este testimonio es solo uno de los muchos que se han escuchado durante las últimas horas en Guatemala. Decenas de personas recuerdan a las fallecidas en diversos enclaves mientras los familiares y la sociedad piden Justicia para unos niños que supuestamente fueron agredidos física y sexualmente durante años.
«Nos violaban. Nos golpeaban. Nos obligaban a abortar (…) lo único que hacían era pegarnos, matarnos de hambre, violarnos», gritaba una joven a las afueras del Hogar Virgen de la Asunción, donde el miércoles ocurrió la tragedia que hasta ahora se ha cobrado la vida de 33 menores, todas mujeres.
Esta joven estuvo durante 9 meses recluida allí, por fugarse de su casa junto a su hermano, y fue víctima de estos ataques, propinados por los trabajadores y las responsables del lugar, según su versión.
Ella es una de las voces que se ha levantado para denunciar las supuestas agresiones que se producían en el refugio, en el que convivían huérfanos, niños «rebeldes», otros víctimas de violencia o pequeños con discapacidad.
La muchacha, una joven de pelo corto, camiseta roja y gorra negra, ha denunciado que nadie la ha escuchado y ha expresado su pesar por las compañeras muertas, que según las primeras pesquisas quemaron unos colchones para protestar por las continuas agresiones físicas, sexuales y verbales que padecían.
Algunos testimonios han asegurado que las adolescentes, en su mayoría entre los 12 y los 17 años, estaban encerradas bajo llave en un aula pequeña, de «4 por 4», donde se originaron las llamas, cuyas secuelas mantienen entre la vida y la muerte a otra veintena de chicas en dos hospitales de la capital.
Su estado es muy complicado y según reconocieron los propios doctores las quemaduras son tan graves que la mortalidad, en estos casos, es de un 80 %. Están «extremadamente» delicadas y es cuestión de horas que la lista de fallecidas aumente.
La Fiscalía investiga las causas del incendio y también las denuncias que proliferan sobre violaciones físicas y sexuales, agresiones, maltratos y vejaciones desde hace años.
La comunidad internacional ha mostrado su pesar y repulsa por la tragedia, y Unicef, Plan Internacional y Save The Children, entre otros entes, aseguraron que había denuncias previas de «abusos, malos tratos y alimentación inadecuada».
«Es inadmisible que estas niñas y niños, que ya han sido víctimas de violencia, nuevamente están siendo afectados por la ausencia de atención y protección por parte del Estado», apuntan las organizaciones.
Impunity Watch calificó al hogar de acogida como un «infierno» y la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar como un centro de «tortura y exterminio».
Según una sentencia judicial del año pasado, se reconocieron «vulneraciones de los derechos fundamentales» de los pequeños en su manifestación física, psíquica y sexual.
También se ordenó al Gobierno, a cargo del centro, ampliar y modificar su estructura, buscar a funcionarios capaces e íntegros, y cerrar un área denominada «gallinero» y «jaula» en la que se habían denunciado actos de tortura.
El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, admitió este jueves que una tragedia como la del Hogar Virgen de la Asunción «puede volver a suceder en todos los lugares en los que nosotros, como Estado, no estamos poniendo la atención debida».
Aseguró que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, se mostró «triste» por las víctimas y también convencido «de que la responsabilidad cómo país no se la podemos echar a nadie más. A nosotros mismos».
Supuestamente el Estado había pedido trasladar a otros centros a los menores más conflictivos, pero dos jueces negaron esta petición, a pesar de que entidades como la Procuraduría de Derechos Humanos denunció que este refugio no reunía las condiciones necesarias.
Entes sociales presentaron denuncias contra funcionarios del Gobierno por este trágico hecho que esta mañana fue escenificado enfrente de la Casa Presidencial, donde vive Morales, con muñecas de plástico quemadas sobre carbón para proclamar que el Estado no ha protegido a los niños y es el responsable.
La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, tenía a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400. Desde ayer, muchos fueron trasladados, pero aún quedan algunos y sus familias se agolpan en el exterior para pedir que sean devueltos y que les den información.
