El precandidato opositor a la Presidencia de Ecuador en las elecciones de 2017 Guillermo Lasso dijo hoy que, si llega al poder, convocará una consulta popular para que los ecuatorianos decidan sobre una reforma constitucional, aprobada por el Parlamento en 2015, que permite la reelección indefinida.

Explicó que «dentro de los primeros 30 días» de su eventual mandato llamará a la votación «para que sean los ecuatorianos los que decidan si ratifican o rectifican aquel paquete de enmiendas».

Aseguró que aceptará la decisión popular sobre esa reforma constitucional, que motivó protestas de sectores políticos y sociales durante su tramitación parlamentaria.

Sobre las elecciones, Lasso descartó la posibilidad de dar «un paso a un costado» en favor de una eventual candidatura conjunta con otras fuerzas de oposición porque, según dijo, la que él encabeza es la que tiene «mejor acogida», de acuerdo a las encuestas.

El líder del movimiento CREO, no obstante, no descartó el diálogo con representantes de otras fuerzas políticas, siempre que ello «no implique» poner en segundo plano las preocupaciones de los ciudadanos.

El precandidato, que se define como centrista, señaló también que si gana las elecciones echará «al tacho (cesto) de la basura de la historia» la ley de comunicación vigente en Ecuador «por restringir la libertad de expresión» en ese país.

El político y exbanquero consideró que «una prensa libre e independiente es el mejor aliado de un Gobierno honesto» y el periodismo de investigación una valiosa «herramienta» para la lucha contra la corrupción.

Lasso, en ese sentido, rechazó las críticas del Ejecutivo a los periodistas que investigan el caso de los papeles de Panamá en el país andino y dijo que «no puede ser» que «se los quiera perseguir desde el Gobierno».

«No puede ser que el mensajero tenga que pagar los platos rotos porque no le gusta el mensaje al receptor», aseveró.

El aspirante a la Presidencia hizo estas consideraciones después de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijera el martes que con la filtración periodística se ha buscado dañar a algunos Gobiernos, como el suyo.

«Lo que hicieron fue contratar periodistas enemigos de ciertos Gobiernos. En nuestro caso, periodistas del diario El Comercio, del diario El Universo, que son opositores abiertos al Gobierno, para buscar por todos lados lo que pudiera hacer daño al Gobierno. Y no encontraron absolutamente nada», dijo Correa a periodistas.

En relación con las filtraciones periodísticas, Lasso se refirió a informaciones sobre sus negocios en Panamá y aseguró que su nombre «no aparece en lo absoluto» en los papeles de Panamá, pero «el diario El Telégrafo (público) quiere pescar a río revuelto y dice: ‘Lasso tiene un banco en Panamá’, como si fuera una novedad».

Según él, ese banco está establecido formalmente en Panamá, sometido a la regulación de la Superintendencia de Bancos, paga impuestos en ese país y cuenta con «caras y personas» que responden de sus actividades.

«Lo censurable, más allá de lo que sea legal, es que un funcionario público (…) constituya una empresa de papel para esconder activos, sea en el Ecuador o en el exterior, no declarados, eso es lo que está mal», agregó el político, quien no reveló a qué funcionario se refería.

En informaciones difundidas por medios de Ecuador sobre el caso de filtración masiva de documentos de la firma Mossack Fonseca, especializada en la gestión de capitales en paraísos fiscales, se menciona entre otros al expresidente del Banco Central de Ecuador Pedro Delgado, primo de Correa, y al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.

El fiscal ha negado que tenga cuentas en Panamá y ha dicho que la empresa Madrigal, que tiene en el país centroamericano, figura entre los bienes que ha declarado y no desarrolla actividad.

La constitución de esa empresa, según el jefe de la Fiscalía, tuvo lugar en 1999 dentro de un proceso en el que un banco no pudo honrar una obligación en su favor, por lo que recibió como pago los derechos judiciales de un crédito hipotecario.