El presidente de la República, Guillermo Lasso, reveló los nombres de cinco asambleístas que habrían pedido supuestos “beneficios económicos” a cambio de apoyar el proyecto de Ley de Inversiones, que finalmente se negó y archivó en la Asamblea Nacional. Puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía General para que inicie las investigaciones.
En una comunicación enviada a la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, la noche de este sábado 26 de marzo de 2022, señaló que los asambleístas Rosa Cerda (Napo), Gisella Molina (Cotopaxi), Édgar Quezada (Sucumbíos), Celestino Chumpi (Morona Santiago) y Cristian Yucailla (Tungurahua) –todos del movimiento Pachakutik–, así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, habrían pedido “beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del proyecto de Ley de Inversiones”, de carácter económico urgente.
Carta a la Fiscal General Del Estado.
Cumplo con mi obligación moral, política y legal de poner a conocimiento la corrupción de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/EN1CzmbAsb
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 26, 2022
“Esto es gravísimo, señora fiscal, y ante ello no puedo permanecer silente. Primero porque traicionaría mis obligaciones como presidente de la República, así como la confianza que ha depositado en mí el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana”, sentenció el jefe de Estado, en el oficio presidencial suscrito este sábado.
Dichos beneficios económicos habrían sido solicitados a los colaboradores de Lasso durante el mes de marzo, en una reunión de carácter político para buscar respaldos a la iniciativa legal, se describe en el documento.
Lasso recordó que los legisladores están prohibidos de percibir dietas u otros ingresos que no sean los correspondientes a su función, de acuerdo con el artículo 127 de la Constitución.
En este contexto, solicitó que en el ejercicio de las competencias de la Fiscalía se investigue a los legisladores tomando como referencia el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica como concusión a aquellos ciudadanos que en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses sueldos o gratificaciones no debidas.
Fue el pasado 24 de marzo, horas después de que la legislatura negó y archivó el proyecto de Ley de Inversiones con 87 votos que el gobernante divulgó un video en las redes sociales, en el que acusaba de “ladrones y corruptos” a los asambleístas que le habrían ‘chantajeado’ para dar sus votos a cambio de cargos en hospitales, empresas eléctricas, ministerios.
Este Diario buscó conocer una declaración de los legisladores mencionados por Guillermo Lasso, pero solo Rosa Cerda respondió a su teléfono celular indicando que se encontraba en una comunidad y no podía mantener la conversación. “En estos momentos estoy en una comunidad y no tengo buena cobertura”, precisó y pidió que se la volviera a llamar, pero no fue posible contactarla hasta esta publicación.
El asambleísta del ala rebelde de Pachakutik (PK) Mario Ruiz dijo que exigirán al presidente Lasso que presente las pruebas de sus aseveraciones y “si es así, que la Comisión de Ética haga su trabajo”; de lo contrario, si no “hay pruebas y son calumnias como acostumbra, que él sea el que responda al país y la justicia”.
Su coideario Salvador Quishpe (PK) reaccionó en Twitter: “Bien, presidente Guillermo Lasso, así se habla, con precisiones y no generalizando a todos. Ahora que la Fiscalía investigue respetando el debido proceso y si se prueban dichas infracciones, que se castigue a los responsables como manda la ley”.
El pasado 24 de marzo, el asambleísta de Pachakutik Darwin Pereira mocionó negar y archivar el cuerpo legal planteado por el Ejecutivo. Según el reporte de la votación, Cerda, Chumpi, Quezada y Yucailla (este último miembro de la Comisión de Desarrollo Económico que elaboró el informe para primer y segundo debate de la ley)votaron Sí para que se niegue y archive.
Al contrario, la legisladora Gisella Molina votó por el No del archivo.
En paralelo, la tarde de este mismo sábado, Lasso dispuso al Servicio de Rentas Internas (SRI) que investigue las declaraciones tributarias del excandidato presidencial por el partido de la Izquierda Democrática (ID) Xavier Hervas.
Según el oficio, el pasado 22 de marzo mantuvo una reunión con Hervas por “asuntos relacionados” con la tramitación del proyecto de carácter económico urgente de la Ley de Inversiones en la Asamblea Nacional, en la que de “forma inaudita hizo referencia como si de moneda de cambio se tratase a un asunto de exclusivo interés particular: que el Servicio de Rentas Internas había iniciado en su contra alguna fiscalización”. (I)
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
