Del total de procesos, unos doce corresponden a la bancada de la Revolución Ciudadana; nueve a legisladores de Alianza PAIS; igual número a exmilitantes de Alianza PAIS que ahora son independientes; tres de la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI); cuatro del movimiento CREO; uno de SUMA; uno de Pachakutik; y, uno de un exmilitante de SUMA. Aunque en ese listado no se incluye los cuatro legisladores que están siendo investigados por el caso de una supuesta obtención irregular del carné de discapacidad y que pertenecen a AP, BIN, PSC e independiente.
Uno de los casos más recientes es el de delincuencia organizada en el que están procesados el exasambleísta Daniel Mendoza (antes de AP-Aliados) y Eliseo Azuero (BADI), por supuestos hechos de corrupción detectados en la construcción del hospital básico de Pedernales en la provincia de Manabí. Mendoza guarda prisión, en tanto que Azuero está con orden de prisión, pero está prófugo.
En este caso fueron llamados a rendir versión los asambleístas del bloque del BADI Franco Romero, Freddy Alarcón, Washington Paredes, Rosa Verdesoto, María Mercedes Cuesta, Raúl Tello, Fernando Burbano, e inclusive el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP) y la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
En el caso de los carnés, la fiscal general, Diana Salazar, dijo ante el pleno de la Asamblea Nacional que existe una causa acumulada que involucra a cuatro funcionarios que tienen fuero de corte. La investigación que se desarrolla es por delincuencia organizada.
El presidente del Parlamento manifestó que son casi 60 causas judiciales abiertas en la Fiscalía que involucraría a legisladores, y que respetará el debido proceso y la presunción de inocencia; y si desde la misma Asamblea se quiere juzgar y cambiar la Comisión de Fiscalización porque hay dos legisladores que están procesados, cuando en realidad actúan sus alternas; entonces, “actuemos de la misma manera con el resto de comisiones donde también existen legisladores que tienen procesos indagatorios en la Fiscalía”, comentó.
Si algún asambleísta tiene una denuncia contra otro, que presente la petición de investigación observando el procedimiento y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo calificará con celeridad, indicó.
Motivaciones de denuncias
Las motivaciones de las 58 causas que hay en la Fiscalía General en contra de los legisladores son diversas, pues se procesan por tráfico de influencias; enriquecimiento ilícito, violación a la intimidad; robo; delito de discriminación y odio; peculado; intimidación; abuso sexual infantil; violación; concusión o cobro de diezmos; delincuencia organizada; asociación ilícita; usurpación de funciones públicas.
En el bloque de la Revolución Ciudadana existen cinco investigaciones abiertas por el delito de odio; tres por tráfico de influencias; dos por peculado; dos por fraude procesal y una cada una por abuso sexual, intimidación y delincuencia organizada.
De este bloque la exasambleísta Sofía Espín fue acusada y procesada por delito de fraude procesal dentro del caso Balda, pero en diciembre de 2019 la Fiscalía desistió de la acusación. En cambio, Yofre Poma fue acusado y sentenciado por el delito de paralización de un servicio público y se le otorgó la suspensión condicional de la pena.
En la bancada de Alianza PAIS y antes de PAIS hay nueve causas abiertas por concusión o cobro de diezmos; cinco por tráfico de influencias; dos por cohecho; dos por enriquecimiento ilícito; uno por delincuencia organizada; robo; peculado; y, tortura. En este grupo Norma Vallejo fue sentenciada por concusión dentro de caso de diezmos.
En el movimiento CREO hay cuatro legisladores investigados por usurpación y simulación de funciones públicas; concusión o cobro de diezmos, tráfico de influencias y por violación.
En cambio, en el BADI existen tres legisladores que tienen procesos abiertos por concusión y delincuencia organizada; en SUMA hay un caso por tráfico de influencias; y en Pachakutik, por conclusión o cobro de diezmos.
El asambleísta Juan Lloret (RC) consideró que el mantener abiertas investigaciones tiene claras intenciones de someter a los asambleístas presionando desde la justicia, aunque desde el bloque correísta dijo no se han dejado amilanar más allá de la incidencia que puede tener el Gobierno con mecanismos de judicialización de la política. Son consignas que reciben para tratar de tener sometidos a los legisladores, subrayó.
Nota Original: El Universo – LINK
