Hasta ayer, Verónica Elizabeth Yandún Montero, de 21 años, era la única ciudadana ecuatoriana que fue identificada entre cerca de 300 víctimas de la tragedia.
“El cónsul viajó a Mocoa para ayudar a la repatriación de la ciudadana y para ver si entre las víctimas hay más ecuatorianos”, dijo a EL TELÉGRAFO vía telefónica una funcionaria del Consulado de Ecuador en Ipiales.
Según medios locales, su esposo, de nacionalidad colombiana, permanece en el lugar de la tragedia y busca a su hijo de 9 meses, que también fue arrastrado por el deslave.
Yandún Montero es originaria de Sucumbíos y se trasladó hasta la localidad colombiana de Mocoa para visitar a familiares. La cifra oficial de muertos hasta las 14:00 de ayer (19:00 GMT) ascendía a 286, aunque los cuerpos de socorro siguen encontrando cadáveres bajo los escombros.
Y más de 200 heridos, algunos graves, permanecen en los hospitales de Mocoa y de ciudades cercanas. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pernoctó la noche del lunes en Mocoa y ayer participó en una misa fúnebre por 11 de las víctimas del deslave.
Santos se comprometió a que, a más tardar la noche del martes, terminaría la entrega de cuerpos que permanecen en una morgue habilitada en el cementerio municipal.
Varios familiares se quejaron de la tardanza para entregar los cadáveres, pero el Instituto de Medicina Legal pidió paciencia pues a cada una de las víctimas fatales se le debe practicar la autopsia.
El presidente dijo que la asistencia a los damnificados comenzó en los cinco albergues instalados en Mocoa, a los cuales llegaron 2.700 personas. Miles más están en casas de familiares o salieron de la ciudad por la pérdida de sus viviendas.
Ante la magnitud de la tragedia y las denuncias de que las autoridades fueron advertidas de lo que podría ocurrir si no se tomaban medidas preventivas, la Fiscalía General de Colombia inició desde el domingo pasado, un día después de la avalancha, una investigación para determinar si hay responsabilidades por negligencia.
Los 10 fiscales a cargo de la investigación citaron ayer a declarar al alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, y a la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, así como a sus antecesores en los cargos, para que se refieran a los eventuales informes que recibieron sobre la posibilidad de que una avalancha como la del sábado podría ocurrir.
También fueron emplazados a declarar funcionarios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía).
El director de Corpoamazonía, Luis Alexander Mejía, dijo el lunes a un periodista que hace nueve meses, durante un taller con el Servicio Geológico Colombiano, advirtió “que esto podía pasar por el uso inadecuado de los suelos que agrava este tipo de eventos”.
Agregó, “indicamos que municipios amazónicos, incluido Mocoa, no habían actualizado su plan de ordenamiento territorial”. Los fiscales también analizan documentos que, al parecer, alertaron desde 2014 sobre la necesidad de tomar medidas preventivas ante un desastre natural como el ocurrido en la madrugada del sábado.
