La declaratoria de conflicto armado interno y el recrudecimiento de la violencia a escala nacional fueron los ritos que marcaron la gestión de seguridad del presidente Daniel Noboa. De acuerdo con Jessica Vergara, viceministra de Seguridad Pública, el combate al crimen organizado permitió una reducción de las cifras de homicidios intencionales y muertes violentas.
En el caso de Quito, se registra una disminución del 15.3% en estos datos, en comparación al año anterior. Precisó que, en la capital, la acumulación de incidencias de este tipo se debe a la migración organizaciones criminales desde otros sitios, ante el traslado constante del Bloque de Seguridad.
En el territorio que comprende a Guayaquil, Durán y Samborondón, las muertes violentas, según Vergara, se redujeron en un 17%. Un caso similar es el de Manta, en la provincia de Manabí, donde se reporta una concentración una disminución del 29.2% en homicidios intencionales.
Por otro lado, consideró que ciertos territorios registran mayores incidencias de muertes violentas, debido a la infiltración de la minería ilegal. Ese es el caso del Cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana, y el Cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, donde las actividades mineras irregulares financian la presencia y disputa de territorio del crimen organizado.
The Economist: Ecuador, un ‘narcoestado’
Respecto a una publicación del medio ‘The Economist’, en el que se menciona que Ecuador es un narco estado, Vergara señaló que dichas aseveraciones deberían pasar por una “investigación científica” para verificar la situación de seguridad del país.
“Es una democracia, somos respetuosos de las opiniones de periodistas nacionales e internacionales, sin embargo, entendemos que Ecuador está en la lupa de distintos países”, dijo.
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