Desde la declaración de conflicto armado interno, la organización Human Rights Watch, siguió de cerca la gestión de policías y militares. La directora para las Américas, Juanita Goebertus, consideró que la política de seguridad del presidente Daniel Noboa no ha sido efectiva en reducir el impacto del crimen organizado, y ha profundizado las violaciones de derechos humanos.
Detalló que, de acuerdo con información de la Fiscalía, existen 8 denuncias por desaparición forzada, 15 por ejecuciones extrajudiciales, 83 por torturas dentro de las cárceles y 223 investigaciones por extralimitación en el uso de la fuerza.
A estas cifras, según Goebertus, se suman las condiciones en las que funcionarios del sistema de justicia ejercen sus labores. Precisó que, a lo largo de este año, se registraron 15 homicidios de operadores judiciales y 38 atentados con una amenaza directa a la vida. Por ello, consideró que el «eslabón faltante» en el combate contra el crimen organizado es el fortalecemiento e inversión en el sistema de administración de justicia.
«Si no los protegemos, si no les damos los mecanismos necesarios en términos de investigación forense, difícilmente tendremos una lucha efectiva contra el crimen organizado», dijo.
Manejo de la criminalidad
Desde el Gobierno, el último registro señala una reducción del 18% en las muertes violentas a escala nacional, en un comparativo del mismo periodo del año pasado. Sin embargo, según Goebertus, esto responde a múltiples factores que no necesariamente se debe a la militarización del país.
Uno de estos, explicó, son los denominados «efectos globo», que significan una reducción en ciertas zonas del país, e incremento simultáneo en otras. Manifestó que este panorama responde a fenómenos cambiantes, propios del comportamiento de organizaciones criminales en los distintos territorios.
En otro escenario, la titular de Human Rights Watch señaló que la reducción de homicidios intencionales se debe al monopolio de grupos armados en localidades específicas, lo que evita que existan enfrentamientos con otras bandas delincuenciales. Sin embargo, precisó que el control de estos grupos también se refleja en el incremento de otros delitos como el secuestro y la extorsión.
Incluso, indicó que en comparación con las cifras de muertes violentas del 2022, en este año, se registra un aumento del 400%.
Control militar en las cárceles
Desde el 2021, se han cometido 600 homicidios en las distintas cárceles del país, en medio de múltiples declaratorias de estado de excepción. Ahora, desde la vigencia del conflicto armado interno, militares se desplegaron en los centros penitenciarios hasta la fecha.
De acuerdo con Human Rights Watch, la prolongación de las Fuerzas Armadas en el control de las cárceles han derivado en su corrompimiento por parte de las organizaciones criminales. Goebertus relató que existen militares implicados en casos de corrupción, en torno al ingreso de celulares y armamento a los centros penitenciarios.
Su presencia, según Goebertus, ha derivado en vulneraciones a derechos humanos y actos de tortura. Por ello, informó que el director del SNAI, Luis Zaldumbide, se comprometió en crear una comisión multidisciplinaria para analizar e investigar estos casos.
Además, se reportan al menos 400 contagios por tuberculosis al interior de las cárceles.
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