Uno de los puntos claves del documento son los cambios a las normativas. En la lectura del informe borrador, efectuada el 13 de marzo pasado, el organismo de control advirtió que se modificaron o emitieron siete instrumentos legales (entre decretos, normas y convenios) que permitieron un manejo discrecional de la deuda pública.
Esos instrumentos modificaron el uso de recursos por endeudamiento, el techo de la deuda pública, declararon como reservadas las operaciones de financiamiento, omitieron las preventas de crudo para los cálculos del techo legal de endeudamiento y autorizaron a una empresa petrolera pública a buscar liquidez para el Fisco.
Magdalena Barreiro, exministra de Finanzas, mencionó que es “prioritario” cambiar el secretismo de los contratos de preventa y de la deuda en general, que hoy se extiende hasta cuando el país haya terminado de pagar los préstamos. La experta cree que el Gobierno debe definir qué se considera deuda y cómo se hará el cálculo, y derogar el Decreto 1218, que manipula el cálculo de la deuda.
“Este (Decreto) no puede reemplazar o estar por encima de una la Ley”. Pablo Dávalos, catedrático universitario, agregó que es necesario armonizar el concepto de infraestructura con las definiciones que tienen los organismos internacionales. El experto señaló que se debe incluir como deuda a las preventas de crudo.
