De acuerdo con el informe de 223 páginas realizado a petición de la defensa de Rousseff, la gobernante fue responsable de la emisión de una serie de decretos que alteraban los presupuestos sin la pertinente autorización del Congreso.
Sin embargo, según una nota divulgada por el Senado, no se encontraron pruebas de que Rousseff hubiese intervenido en los atrasos en el pago de créditos a la banca pública, que la oposición califica de maniobras fiscales y que, de acuerdo con la acusación, supondrían un crimen de responsabilidad, lo que podría derivar en la destitución de la jefa de Estado.
