La Fiscalía General del Estado deberá determinar repercusiones penales basadas en el informe preliminar presentado por los asambleístas de Azuay, según Sánchez.
Entre las principales irregularidades halladas está el mal manejo de fondos de los trabajadores por parte de los líderes sindicales que, de acuerdo con el oficio, incrementaron su patrimonio de manera injustificada.
Sánchez relató que Rosa Argudo, secretaria nacional del Sindicato, tenía injerencia directa en el manejo de recursos.
Explicó que ella era la encargada de aprobar cheques, transferir el dinero a su cuenta y girar recursos a su nombre. Sobre este tema, en sus comparecencias, Argudo ha evitado referirse a su sueldo dentro del Sindicato.
Otro de los cuestionamientos, surgió a raíz de la contratación de capacitaciones obligadas a los trabajadores por USD 40 cada una. Dichos montos no fueron transferidos a un fondo del gremio, sino a cuentas particulares cercanas a sus dirigentes.
Además, Sánchez reveló que, desde los legisladores de Azuay, se ha pedido la inclusión del esposo de Rosa Argudo en la investigación.
Esto, luego de un movimiento de compra-venta del hotel San Antonio en Cuenca, por rubros superiores a los USD 102 mil dólares.
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