La legisladora manifestó que en estos días, después de analizar los documentos de las pruebas de cargo y descargo, la Comisión resolverá si es necesario llamar a otras autoridades para que emitan sus criterios, entre ellos el Contralor General del Estado, Carlos Pólit.
Destacó que la Comisión de Fiscalización ha cumplido estrictamente con los tiempos que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como el debido proceso para las dos partes. “No podemos actuar lejos de lo que marca la Ley y la Constitución”, añadió.
El pasado 20 de julio, la Comisión avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que decidió dar inicio al trámite de la solicitud de enjuiciamiento político. Al mismo tiempo y una vez que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución calificó el trámite. Inmediatamente, notificó al Ministro y a los asambleístas solicitantes del proceso, entre ellos Bayron Pacheco, para que presenten las pruebas de cargo y descargo.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que una vez calificado el trámite la comisión deberá notificar al funcionario o funcionaria sobre el inicio del mismo, a fin de que en el plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa. De igual forma, lo hará con las y los asambleístas solicitantes, en similar plazo. Vencido este tiempo la comisión deberá remitir a la Presidenta de la Asamblea, en el plazo de cinco días, un informe que indique las razones por las cuales archivó el trámite o la recomendación del juicio político. Aunque, de considerarlo, la mesa podrá solicitar una prórroga de hasta cinco días adicionales.
