Con seis votos a favor, este 5 de noviembre la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe sobre la investigación de los papeles de Pandora, donde determinó que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, inobservó el pacto ético aprobado mediante consulta popular en el 2017, y que tiene relación con la prohibición de ejercer cargo público por tener vinculación directa o indirecta con empresas que poseen bienes o capitales en paraísos fiscales.
A más del informe de esta mesa, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció la presentación para el próximo miércoles de un informe sobre una investigación desarrollada con su equipo de trabajo respecto a los papeles de Pandora y la presunta vinculación del presidente Lasso con el caso.
Dijo que posee toda la información sobre el caso Pandora Papers, tanto de las empresas que se deshizo el presidente Guillermo Lasso, las empresas de Dakota del Sur, las empresas en Panamá como Banisi, lo que no pudieron obtener los miembros de la Comisión de Garantías, afirmó Villavicencio.
Insistió que su informe será contundente y no solo de las operaciones de Lasso, sino de otros personajes que aparecen en Pandora, pero principalmente es sobre el primer mandatario, a quien aspira entrevistar el próximo lunes, una vez que retorne al país de su viaje por Europa. Indicó que nadie le prohíbe como legislador presentar un informe que también lo entregará a los organismos de control.
Los papeles de Pandora constituyen una filtración de archivos publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que tiene relación con catorce proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países, muchos de los cuales son considerados paraísos fiscales.
Este informe fue aprobado sin debate, y el presidente de la mesa legislativa, José Cabascango, tras un receso para ajustar los textos ordenó la votación. Los legisladores Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela (BAN), presentaron un informe de minoría.
Los seis votos a favor del informe de mayoría vinieron de: José Cabascango, Edgar Quezada y Mario Ruiz (Pachakutik); Victoria Desintonio, Paola Cabezas y Fernanda Astudillo (UNES). En contra se pronunciaron Virgilio Saquicela y Gruber Zambrano (BAN), en tanto, que Sofía Sanchez (Minka-Pachakutik), se abstuvo.
Sánchez, al razonar su voto, recordó que hace una semana atrás votó a favor de una prórroga de veinte días porque hacía falta para muchas acciones que se podían tomar como comisión, pero “hoy estamos diciendo al pleno que haga ciertas acciones, cuando la responsabilidad era de esta comisión”.
La Comisión de Garantías Constitucionales en sus recomendaciones determinó que se verifica la inobservancia por parte de Lasso al pacto ético del 2017 y la Ley Orgánica de Aplicación de la Consulta Popular, “lo que configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución de la República por grave crisis política y conmoción interna”.
Sin embargo, en las mismas recomendaciones encarga al pleno de la Asamblea Nacional aprobar una resolución que disponga que en plazo máximo de ocho días, el presidente de la República, Guillermo Lasso, comparezca para que cumpla con la entrega de la información solicitada y responda las preguntas. Luego la misma comisión hará un informe para conocimiento del pleno.
El primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, miembro de la mesa en su razonamiento del voto advirtió a la comisión que las recomendaciones no observan la Constitución porque para llamar al pleno al Jefe de Estado se debe observar procedimientos, y que el informe responde a un antojo político. Que “este galimatías” es una copia simple de distintos espacios periodísticos que no tienen sentido, porque en la investigación no se ha demostrado absolutamente nada, y es una situación forzada, subrayó.
Los seis legisladores que aprobaron el texto piden al pleno de la Asamblea que apruebe una resolución mediante la cual se levante la reserva de toda la información que ha sido catalogada como reservada por las instituciones del Estado relacionadas con las transacciones, patrimonio e investigaciones en curso vinculadas al presidente, y vinculados.
Que el pleno de la Asamblea comunique a todas las instituciones del Estado que el mandatario ha renunciado públicamente y por escrito al sigilo de sus cuentas; en ese sentido, que otorgue el plazo de 48 horas a las instituciones del Estado para que entreguen la información.
Posteriormente a la comparecencia del primer mandatario, según la resolución aprobada, la Comisión de Garantías Constitucionales analizará dicha información y con los resultados de dicha comparecencia presentará un informe al pleno de la Asamblea.
También se recomienda que se proceda al enjuiciamiento político en contra de las personas que no comparecieron o no proporcionaron la información requerida.
La Comisión remitirá la información a la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos.
Conclusiones del informe
Los legisladores se instalaron a las 09:00 y se dio lectura a las 241 páginas del informe planteado por el presidente de la mesa, José Cabascango (Pachakutik), en cuyas conclusiones señalan que, con base en la información recabada y a la documentación remitida a la Comisión, se pudo establecer que hay una vinculación directa entre el presidente Guillermo Lasso, como accionista mayoritario de la Corporación MultiBG S. A., con el Grupo Financiero Banco de Guayaquil, que, además, actúa como entidad controladora y que agrupa a las empresas: Administradora de Fondos BG, Casa de Valores Multivalores BG, y Colari S. A., Banisi y Banisi Holding, domiciliadas en Panamá, entre otras.
Que los datos recabados en la investigación realizada muestran que en la estructura accionaria del Grupo Económico Banco de Guayaquil-Corporación MultiBG S. A., la familia Lasso (Lasso Mendoza y Lasso Alcívar) posee el 90,2 % de las acciones del grupo.
De los datos recabados, Guillermo Lasso es accionista mayoritario del Grupo Económico Banco de Guayaquil-Corporación MultiBG S. A., por tanto, todas las decisiones que ha tomado el grupo en materia de inversiones nacionales, internacionales, creación de offshore en paraísos fiscales, creación de fideicomisos en offshore y régimen de tributación necesariamente deben contar con el aval, consentimiento y aprobación de Guillermo Lasso Mendoza para ser legales y vinculantes.
En la carta enviada al presidente de la Comisión, el primer mandatario manifiesta: “Y respecto de las tres otras entidades mencionadas en la nota periodística, el banco panameño Banisi y los fideicomisos Bretten Trust y Liberty Trust, ratifico que no tengo con ellas ninguna relación de propiedad ni administración”.
Sin embargo, la comisión en el informe señala que el grupo económico Banco de Guayaquil, a través de Corporación MultiBG S. A., constituyó en el año 2007 el Banco de Guayaquil Panamá con el 100 % de propiedad de la Corporación MultiBG S. A.
Que en el año 2011, el grupo económico Banco de Guayaquil decidió cambiar el nombre de Banco de Guayaquil Panamá por Banisi. En el año 2018, el grupo económico decidió trasladar la propiedad del 50 % de las acciones de Banisi desde Banisi Holding S. A. a los siguientes holdings off shore: Morsett Honlding S. A., Deblen Overseas S. A., Rem Panamá Corp., Alamo Management Company Inc., Banderilla Capital Group S. A.
El informe asegura que, en virtud de que Guillermo Lasso Mendoza, con datos al 18 de febrero de 2021, es dueño del 39,6 % de las acciones de la Corporación MultiBG S. A., tiene relación de propiedad directa con Banisi y, por lo tanto, con Banisi Holding S. A.; que es el dueño de las acciones de Banisi y, en consecuencia, con las entidades offshore antes enunciadas.
Por consiguiente, estaría demostrado que las aseveraciones del presidente Guillermo Lasso Mendoza no se ajustan a la verdad. Para que el primer mandatario no tenga relación alguna de propiedad con Banisi y con las entidades offshore adscritas habría sido necesario que se desprenda de sus acciones del Fideicomiso Mercantil de Administración GLM, no obstante, hasta el momento la información disponible da cuenta de que Guillermo Lasso Mendoza mantiene su posesión de las acciones del Fideicomiso Mercantil de Administración GLM.
En este contexto, señala el informe, el presidente Guillermo Lasso estaría incurso en la prohibición establecida en el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, así como incurso en la inhabilidad establecida en el artículo 7 de la referida ley, para las elecciones generales del año 2021, esto es, la prohibición de ocupación y desempeño de cargos en el sector público a las personas que sean propietarias directas o indirectas de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales.
Sin embargo, información pública de la Superintendencia de Bancos de Panamá contradice las conclusiones del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. De acuerdo con esos documentos, la Corporación MultiBG no es accionista del banco panameño Banisi. Según la Superintendencia el Banco Guayaquil, poseía el 100% de todas las acciones de Banisi hasta el 2014, cuando las traspasó en su totalidad a la empresa panameña Banisi Holdings S.A.
Posturas políticas
La legisladora Paola Cabezas, coordinadora del sector correísta Unión por la Esperanza (UNES), sostuvo que el primer mandatario mintió al país cuando señaló públicamente que en el 2017 se deshizo de las empresas offshore, pero que al recabar la información se da cuenta de que eso se realizó un mes antes de que pueda ser candidato presidencial.
Que las normas panameñas generan un cierto nivel de confusión por parte del equipo jurídico del presidente Lasso, porque aseguran que no hay incumplimiento porque se deshicieron de las empresas, sin embargo, hay un vínculo indirecto, porque no es que vendió las empresas, porque no hay ningún registro de la venta, parece que existió un traspaso o una simulación. Estos son elementos clarísimos, añadió la legisladora correísta, que podrían contemplar el incumplimiento de la Ley del Pacto Ético, pero podría configurarse un delito de perjurio. Por eso se recomienda remitir el informe a la Fiscalía y a la Contraloría.
En el caso de la empresa Banissi hay un incumplimiento indirecto, porque la norma dice que funcionarios públicos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad no pueden tener recursos en paraísos fiscales, sostuvo.
Alejandro Jaramillo, coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática, manifestó que su organización política no se prestará para perseguir a nadie, que es el momento de tender puentes y trabajar en conjunto entre la Asamblea y el Ejecutivo, que el país necesita tranquilidad y paz; “no quiere que se quede sin Asamblea Nacional o sin presidente de la República, necesitamos generar empleo, reactivar la economía y salir de la crisis económica y sanitaria”.
Si existe o no un delito hay una investigación previa y la entidad que le corresponde realizar esas investigaciones es la Fiscalía General del Estado. Jaramillo insistió en señalar que este proceso que se sigue en la Asamblea no sea utilizado como una herramienta de persecución.
Juan Fernando Flores, coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional, comentó que el informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales no toma en cuenta los descargos presentados por los abogados del primer mandatario, donde se desvanecen varios de los documentos que han servido como prueba y donde se comprueba una vez más que no existe ningún tipo de responsabilidad por parte del presidente Guillermo Lasso, ni tampoco una cercanía con elementos relacionados a paraísos fiscales.
Afirmó que es un informe sesgado con una visión política y con una intención de perjudicar la imagen del primer mandatario.
Dijo que su organización política y el Gobierno cuentan con la paz y la tranquilidad de la transparencia con la que se maneja el presidente de la República, Guillermo Lasso, que ya existieron procesos anteriores donde la misma bancada que hoy impulsa la investigación trató de tergiversar la información para evitar la candidatura presidencial de Guillermo Lasso.
Manifestó que su bancada hará los acercamientos con la Izquierda Democrática y Pachakutik, que son parte de la alianza, igualmente con el PSC y la bancada UNES, para que en el pleno de la Asamblea se transparente y se resuelva para dar la tranquilidad necesaria.(I)
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
