Este proceso también se desprende de la trama de corrupción que existió al interior de la estatal petrolera ecuatoriana.
Un examen especial de la Contraloría a las declaraciones patrimoniales del exfuncionario público y de su esposa, quien también era servidora pública, revelarían que existe movimientos económicos que difieren de los ingresos que la pareja percibió legalmente.
Los indicios de responsabilidad penal del examen especial de Contraloría, explicado por la fiscal Ximena Molina en la audiencia, señalan que no se habría justificado el origen de recursos con los que se pagó una casa, tres carros y la cancelación anticipada de diez tarjetas de crédito por montos que sobrepasan en total los $405.000.
El análisis de Contraloría, que incluyó un alcance, se habría centrado en los ingresos patrimoniales que Michael M. reportó entre el 1 de enero del 2010 y el 20 de mayo del 2016. En este lapso, el procesado habría ocupado en Petroecuador cargos como asesor legal, abogado de contratos, coordinador general de asesoría y contratos y subgerente de logística y abastecimiento.
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Édgar Molina, abogado de Michael M., señaló que no existen elementos suficientes para afirmar que su cliente tuvo un incremento patrimonial o ayudó a que el patrimonio de terceros aumente. Según él, Fiscalía y Petroecuador, como acusador particular, deben probar que Michael M., mientras estuvo en un cargo público, se benefició de algún contrato y cuál fue ese beneficio que recibió.
«Existe en este caso un peritaje infundado, mal hecho, sin apego a la normativa contable y sobre todo completamente parcializado. (..) Aquí no existe enriquecimiento ilícito, lo que le faltó a la Contraloría es determinar las consolidaciones bancarias y dichas consolidaciones bancarias obedecen a la duplicidad de ingresos y de egresos», afirmó Molina.
Un total de siete testigos solicitó Fiscalía para esta audiencia. La acusación particular, es decir, Petroecuador anunció la presencia de ocho testigos y finalmente la defensa del procesado usará 19 testigos para ratificar su teoría del caso.
El Tribunal Penal que revisa el proceso está integrado por las juezas Mabel Tapia, Fanny Altamirano y Silvana Velasco (presidenta del Tribunal).
Fuente: El Universo
