“Durante investigación de contratos de Odebrecht en Ecuador, las instituciones estatales no podrán, temporalmente, contratar con esa empresa. Por pedido de Fiscalía, como un acto urgente, Juez de Pichincha resolvió que instituciones se abstengan de celebrar contratos con #Odebrecht”, informó Chiriboga.
El Departamento de Justicia estadounidense reveló que Odebrecht pagó entre 2007 y 2016 unos $ 33,5 millones a funcionarios oficiales de Ecuador y que la firma encontró problemas con la aprobación de proyectos en 2007 y 2008.
A raíz de la revelación, en el marco de la investigación abierta a pedido del gobierno, la Fiscalía allanó las oficinas de Odebrecht en la ciudad de Guayaquil.
Además, el fiscal general, Galo Chiriboga, indicó que hoy se envió el pedido de asistencia penal internacional a EE.UU. dentro de la investigación previa por presunto cohecho el caso en el cual no se han revelado nombres.
El 22 de diciembre, el secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, afirmó que el gobierno ha dispuesto que se realicen las investigaciones necesarias para determinar “si es que hubiera” a las personas que presuntamente habrían recibido coimas de la empresa Odebrecht a cambio de contratos, según señala un informe del departamento de Justicia de Estados Unidos.
El funcionario, sin embargo, recordó que entre 2007 y 2008 el Ecuador mantuvo “una pésima” relación con la empresa brasileña y que fue el propio presidente Rafael Correa quien, con Decreto Ejecutivo 1348 del 23 de septiembre de ese año, la expulsó del país por irregularidades y fallas estructurales en la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco, contrato suscrito en el año 2000.
El pasado sábado, el presidente Rafael Correa recalcó que la actuación de su gobierno en este caso ha sido extremadamente clara, que se sancionará cualquier acto de corrupción sin ocultar nada, pero que tampoco van a ser ingenuos para aceptar sin pruebas las acusaciones de funcionarios corruptos que están negociando sus condenas en Estados Unidos.
En 2008, la firma fue expulsada del país por incumplimientos en la construcción de la hidroelécrica San Francisco en la provincia de Pastaza. Odebretcht vuelve a trabajar con el Estado en julio de 2010, luego de que aceptara todas las condiciones exigidas por el Gobierno. Debió reparar integralmente la central San Francisco por un monto estimado en 55.7 millones de dólares, así como pagar 20 millones de dólares por los costos ocasionados por la paralización de la central. Desde entonces, tras ganar concursos abiertos, participó en la construcción de cinco proyectos todos en estado de cierre.
Actualmente, la constructora Odebrecht tiene un contrato para la construcción del Metro de Quito con el Municipio Metropolitano de esta ciudad, bajo la administración de Mauricio Rodas.
Al respecto, esta mañana los concejales del bloque PAIS pidieron a la Fiscalía que investigue a la empresa Odebrecht. Entregaron el pedido formal a la Fiscalía, en donde solicitaron que se la profundice en los contratos de la multinacional en Quito. La organización política solicitó que se investiguen las obras desde 1987.
En el caso del Metro de Quito, piden que se esclarezca quiénes negociaron el contrato con el consorcio ganador.
Esta tarde, el alcalde Mauricio Rodas se pronunciará sobre el caso.
