Mendoza, a través de la presidencia de la Asamblea, solicitó información al Servicio de Rentas Internas (SRI) y al Servicio de Contratación Pública (Sercop), sobre contratos suscritos por los prefectos de Los Ríos, Marco Troya, y de Manabí, Mariano Zambrano, durante los dos últimos periodos de gobierno provincial.
El legislador señaló que investiga casos de compra y venta de propiedades en cuatro cantones en Los Ríos que supuestamente fueron adquiridas a través de empresas y personas vinculadas al personero provincial; lo que se pretende es determinar el origen de los recursos para adquirir bienes, denunció.
En cuanto a la prefectura de Manabí se pretende determinar la vinculación de la empresa Marzan, que según los documentos que posee el legislador consta el prefecto como accionista, y a la vez esa empresa obtuvo contratos con el Estado lo cual está prohibido.
Hay documentos, dijo, que determinan que el prefecto Zambrano, en la inscripción de su candidatura, incluyó su correo electrónico de la empresa donde es accionista y ésta a su vez firmó contratos con el Estado.
El reclamo de Mendoza está contenido en un oficio remitido el 31 de octubre pasado, donde recuerda que la coordinación general de relaciones interinstitucionales de la Asamblea en septiembre pasado pidió la reformulación de información sobre los Gads provinciales, cosa que se cumplió; y que hace una semana nuevamente el mismo departamento solicitó otra reformulación, lo cual motivó la queja de Mendoza.
Fuente: El Universo