Issfa informó que conforme a una resolución del tribunal de conciliación y arbitraje se solicitó a la Policía que acudiera a brindar protección al personal administrativo y trabajadores que no han plegado a la medida de hecho. Sin embargo, según el Issfa en el parte policial respectivo se indica que se han producido actos de violencia en contra de los miembros de la Policía Nacional, “llegándose a amenazar con hacer explotar dos cilindros de gas en el interior de la planta de Explocén, hecho que fue evitado por la Policía”.
Además indica que Fredy Caisa, dirigente de la toma de la empresa, ha emitido una distorsionada versión de los hechos que ha desembocado en un pronunciamiento sin fundamento por parte de la Defensoría del Pueblo, dice el ISSFA. El Issfa advirtió que debido al giro del negocio de la empresa podría haber “impedecibles consecuencias” en este caso.
El mismo día de la intervención policial, por otro lado, los trabajadores de Explocén denunciaron que la policía pretendía desalojarlos de su huelga legalmente declarada. Incluso exhibieron imágenes de trabajadores heridos.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo ha dicho que el delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Cotopaxi y personas trabajadoras de la empresa informaron sobre el ingreso de personal policial a la fábrica en medio de forcejeos y bombas lacrimógenas. De igual manera, dijo que se verificó que varias personas trabajadoras fueron golpeadas y la detención de William Guanoluisa, sin que medie una orden de detención, ante lo cual requerimos su inmediata libertad.
Adicionalmente, por una llamada telefónica, se conoció que el abogado de las personas trabajadoras en huelga, fue agredido por la Policía Nacional, al exigir la presentación de la orden judicial para el desalojo, a la cual tampoco ha podido acceder el delegado provincial de la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría dijo que al momento estarían 52 personas trabajadoras en huelga en la empresa y se mantiene un fuerte operativo policial y tensiones que podrían poner en riesgo la vida e integridad de quienes se plegaron a la huelga.
La medida de hecho de los trabajadores se produjo tanto al exigir por 7 años la firma de un contrato colectivo como por despidos durante la pandemia. La toma de la empresa realizada el 13 de julio pasado, dice el Issfa ha impedido las labores normales y por lo cual se ha paralizado desde esa fecha la producción y abastecimiento de explosivos a la industria cementera y la minería nacional.
Nota Original: El Universo – LINK
